La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió a 157 trabajadores no declarados, entre los que había también menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda en una finca dedicada al desmonte de campos, ubicada a 30 kilómetros de la localidad de Dragones, al norte de la provincia de Salta.
Durante el operativo de inspección se visitaron dos predios –que en total suman 16.600 hectáreas- cuyo propietario declaró ventas totales por $ 70 millones en 2012. Según la inscripción en la AFIP, el titular de los campos se dedica al cultivo de maíz, soja, oleaginosas y legumbres secas; transporte de mercaderías a granel y servicios inmobiliarios.
Condiciones infrahumanas
Sin embargo, a pesar del nivel de actividad que estas declaraciones representan, los inspectores de seguridad social de la AFIP constataron que los trabajadores -incluidos mujeres y niños- residían en los campos rurales inspeccionados en condiciones infrahumanas.
Habitaban chozas construidas con plásticos y palos sobre la tierra que eran provistos por su empleador; no poseían agua corriente, energía eléctrica, sanitarios, primeros auxilios ni sistemas de comunicación; dormían en condiciones de total precariedad, sin elementos de aseo personal y domésticos.
Entre otras irregularidades, se verificó que la familia de un trabajador (compuesta por el matrimonio y sus hijos de 3 años, 2 años y 6 meses) dormía en una choza armada con palos y tela plástica, con un único colchón, lo que obligaba a algunos de ellos a dormir sobre la tierra.
Además, en el lugar predominaba un ambiente insalubre, con temperaturas extremas y una gran presencia de insectos, víboras y animales, sin contar con medios de traslado y asistencia sanitaria. Las necesidades fisiológicas debían ser satisfechas a cielo abierto, a metros de las chozas y en letrinas.
En cuanto a la alimentación, los trabajadores se veían obligados a comprar las mercaderías a su empleador, quien posteriormente se las descontaba de sus ingresos, con lo cual se veían significativamente mermados.
Por su parte, los niños que residen en el predio junto a sus familias, no podían asistir a ningún establecimiento escolar, debido al aislamiento al que se veían sometidas estas personas, dado que no contaban con ninguna posibilidad de desplazamiento hasta la localidad de Dragones, la más cercana a la finca, ubicada a 30 kilómetros.
Los lugares visitados tampoco cuentan con ningún elemento de seguridad laboral, y se verificó también la total falta de indumentaria requerida por el alto riesgo que implica este tipo de tarea.
En virtud de las condiciones advertidas durante el operativo, la AFIP presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Orán e informó a los organismos del Estado Nacional competentes en la lucha contra el trabajo ilegal, infantil, explotación laboral o sexual y trata de personas antes la presencia de situaciones de trabajo ilegal.
El procedimiento se realizó con el apoyo de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.
