En esa ocasión fueron detenidos los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, luego condenados a 13 años de prisión y multados por 100 millones de euros (tres veces el precio en el mercado negro de la carga decomisada) por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Barcelona; y Gastón Miret, posteriormente absuelto.
El organismo antilavado interpuso un recurso de apelación en la causa 13.178 "Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) denuncia S/ contrabando de estupefacientes" ante la sospecha de una posible maniobra de lavado de activos.
En agosto del año pasado la UIF solicitó ser tenida por parte querellante y remitió al juzgado un informe con los Reportes de Operación Sospechosa vinculados a los imputados y a las sociedades anónimas de las que eran titulares, además de pedir el embargo, decomiso e inhibición de los bienes de los involucrados.
A pesar de las evidencias presentadas, Catania, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, rechazó el pedido con el argumento de que sólo se investigaba el contrabando de estupefacientes y no el lavado de activos, ya que este delito sería anterior.
En abril pasado la UIF apeló la resolución del juez y la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el decisorio, pero ordenó dar intervención a la fiscalía, para que evalúe si ameritaba la acción penal por el delito de lavado, y a partir de allí volver a analizar el pedido de la Unidad.
El fiscal Miguel Schamun rechazó tal posibilidad, y el 31 de mayo último Catania rechazó por segunda vez la solicitud del organismo antilavado y resolvió el archivo la causa.
La UIF volvió a apelar y en la audiencia manifestó que tanto el juez como el fiscal tuvieron "una mirada sesgada de la causa".
Para el organismo, "no resulta lógico pensar que el contrabando de casi una tonelada de cocaína sea un acto aislado, sino el producto de una compleja red de narcotráfico".
Según la Unidad, esta maniobra, como todo delito complejo, requiere de "una faceta de lavado de activos para la concreción última del negocio".
La UIF también destacó que no habían sido correctamente valorados los reportes remitidos, que aportaron datos patrimoniales, participación de los imputados en las maniobras, inconsistencias en la venta de una aeronave y montos operados por dos empresas de aviación bajo la titularidad de los imputados.
El organismo de Justicia consideró por último "preocupante que tanto España, como Estados Unidos y Uruguay hayan tomado medidas respecto a los hechos cometidos -procediendo a la condena de los hermanos Juliá en el primero de los casos y al recupero de los activos en los otros dos- y en la Argentina la justicia proceda a su archivo y deniegue la posibilidad de investigar la ruta del dinero obtenido en la actividad ilícita".
Fuente: Télam
