Vázquez Sarmiento, prófugo desde 2006, se encuentra imputado por la presunta sustracción, ocultación y retención, supresión del estado civil y falsedad ideológica del documento nacional de identidad de una persona que habría nacido en cautiverio en octubre de 1977, en el centro de detención clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Además, se investiga la posibilidad de la comisión de este mismo delito en relación con otra persona más, detalló la UIF.
Por otra parte, para el fiscal Pollicita no puede descartarse que el fugitivo haya intervenido en otros hechos de similares características, en función del cargo que ocupaba.
En función de esto, el representante del Ministerio Público solicitó a la Cámara Federal que revoque la resolución dictada por Canicoba Corral y habilite el congelamiento dispuesto por la UIF.
El organismo también apeló el fallo del juez porque declara la incompetencia para entender en la causa donde se investiga la financiación de 51 terroristas de Estado prófugos de la justicia (entre los cuales se encuentra Vázquez Sarmiento).
Para Canicoba Corral, tales financiamientos deben acumularse a cada una de las causas tramitada en los distintos juzgados federales del país, dado que estos magistrados estarían en mejores condiciones de resolver los congelamientos ordenados.
La UIF señaló, en cambio, que "la mejor y más pronta administración de justicia sólo podría lograrse en una causa que investigue no sólo cada financiamiento individualmente considerado, sino su conjunto".
Es decir, añadió el organismo, "el entramado de relaciones personales y financieras que permiten a cada uno de los terroristas prófugos mantenerse en la clandestinidad".
Más aún a partir de la fuga del Hospital Militar de los terroristas José Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi, tras lo cual se localizaron "estructuras de financiamiento que podrían tener por fin la protección de todos aquellos militares que se han fugado a la fecha", concluyó la UIF.
Fuente: Télam