En la práctica, la ejecución de esos fallos -cuya aplicación permanece suspendida hasta que la Corte Suprema se defina al respecto- "prohibirían a nuestro país efectuar el pago de la deuda reestructurada que se está pagando conforme a sus términos, a menos que pague la totalidad del reclamo de una minoría de bonistas que se negaron a participar en la reestructuración de la deuda argentina", subraya un comunicado del Ministerio de Economía.
El Palacio de Hacienda recordó que "Argentina reafirmó su compromiso de continuar cumpliendo con los pagos de la deuda reestructurada y aceptada por el 93% de los acreedores", al tiempo que consideró, que, "contrariamente a lo que alegan los holdouts, su apelación ante las diversas instancias judiciales de los Estados Unidos no puede ser interpretada como la falta de voluntad de cumplimiento".
La posición argentina se mantiene firme, como ocurrió en estos últimos cinco años en que se desarrolló este juicio, en primera instancia con el juez Thomas Griesa, subrayaron.
En la presentación hecha por los letrados que representan al país recuerdan que en Japón y en Bruselas, hubo fallos favorables a la Argentina, que desestimaron el tratamiento del pari passu (trato igualitario a los acreedores), que argumentó Griesa, y sobre todo el método de pago fijado en la sentencia del juez neoyorquino.
El próximo 12 de junio, la Corte Suprema se pronunciará sobre el caso argentino, según la fecha revelada la semana pasada en el blog judicial, y que fue informada por Télam.
Desde Economía precisaron que "se espera que la Corte Suprema decida sobre la petición de Argentina en junio, momento en el cual podrá conceder la petición, denegarla, o solicitar la opinión del gobierno de los Estados Unidos".
Sobre la posición de Estados Unidos, Economía explicitó que el país norteamericano "ha reafirmado con anterioridad que las órdenes judiciales se basan en una errónea interpretación de la cláusula pari passu y que violan la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros", concluyó la cartera que conduce Axel Kicillof.
La comunidad financiera internacional se mantiene en vilo por este juicio, incluido el FMI, y países como Brasil, México y Francia, que apoyan la posición argentina.
Fuente: Télam
