En silencio, sin decreto ni ley alguna, el Gobierno nacional comenzó el lunes a aplicar retenciones de entre el 5 y el 10 por ciento a las exportaciones mineras de varias empresas y le asestó un duro golpe a las finanzas catamarqueñas, que a raíz de esta medida verán disminuir en millones los ingresos por utilidades de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y regalías.
La decisión nacional, cuestionada por las empresas del sector no acarrea ningún beneficio para la provincia, sino todo lo contrario: aparte de lo señalado, las retenciones no se coparticipan y las firmas afectadas comenzarán a tributar menos por impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable. Para la Nación, en cambio, significará una inyección extra de 800 millones de pesos.
Las primeras empresas a notificadas fueron Bórax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera. Las dos últimas trabajan en Catamarca, y Alumbrera es la más afectada al ser la principal exportadora del sector.
Justamente, YMAD es socia de esta firma en la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, y le corresponde el 20 por ciento de las utilidades del emprendimiento, de las que Catamarca se lleva un 60 por ciento. Por este concepto, las arcas provinciales embolsaron 54 millones de pesos en 2006 y 388 millones en los tres primeros trimestres de este año.
Pero con las retenciones, las utilidades por la explotación de Bajo La Alumbrera caerán y, consecuentemente, también las de YMAD.
Además, se derrumbarán también las cifras de las regalías que abonan las empresas a la Provincia, un 3 por ciento del valor "boca mina" del mineral extraído.
La medida fue aplicada por la Aduana a partir de una nota conjunta de la Secretaría de Minería, a cargo de Jorge Mayoral, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y podría extenderse a más compañías.
Según indicaron fuentes de la Aduana, este documento indicaba que las firmas, que hasta ese momento estaban exentas del pago de retenciones, debían comenzar a pagarlas.
En rigor, no se trata de un nuevo impuesto. Algunas exportaciones mineras vienen pagando entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de retenciones desde 2002. El tributo se aplicaba sólo a las ventas de las empresas que recibieron la aprobación oficial para iniciar su proyecto luego de esa fecha. Las iniciativas anteriores eran las únicas exportaciones del país que no pagaban retenciones, pero ahora el Gobierno nacional dispuso extender la incidencia del tributo.
"La Secretaría de Minería informa qué empresas están alcanzadas por la alícuota y qué empresas no, y en función de eso se cobran los derechos que correspondan", dijeron en la Aduana. Y precisaron que en los últimos 5 años las exenciones mineras representaron 750 millones de dólares.