Esto determina una "menor rentabilidad y reducción de los tributos a pagar en nuestra jurisdicción" y viola la ley penal cambiaria, con lo cual la empresa involucrada logra "apropiarse de la divisa en una cuenta del exterior e ingresar un menor monto al país".
"Ello repercute negativamente en la economía generando: menor cantidad de divisas ingresadas, tributos determinados y pagados por menor valor y alteración de la cadena de valor", advierte el decreto.
Luego, la operación de "sobrefacturación de importaciones" implica que los bienes importados son valuados por encima del valor real "con el objeto de transferir más divisas al exterior y lograr un impacto negativo en los resultados de la empresa, a los efectos de evadir el impuesto a las Ganancias en el país".
Por último, los "precios de transferencia manipulados entre empresas vinculadas permiten efectuar remisiones ilegales de utilidades o afectar el pago de tributos localmente, perjudicando a todo el pueblo argentino", concluye el decreto.
Fuente: Télam