El texto de hoy consideró que un fallo del juez Thomas Griesa sobre descubrimiento de activos del país, que fue avalado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, es "erróneo" debido a que viola la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA) y, según advirtió el gobierno de Barack Obama, puede perjudicar las relaciones exteriores con otros países.
Esta iniciativa de apoyo explícito de Estados Unidos va en consonacia con los últimos esfuerzos del gobierno argentino por "normalizar" la deuda en default y los acuerdos alcanzados en laudos ante el Ciadi con empresas estatounidenses, con el objetivo de generar expectativas por inversiones.
Fue una seguidilla de decisiones clave que tomó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que despertaron en Estados Unidos la motivación a contestar el pedido de la Corte Suprema en una causa que data de principios del corriente año.
Un ejemplo de esto se dio en octubre último, en plena Asamblea del FMI, cuando el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, cerró un acuerdo con cinco firmas que tenían laudos a favor en el Ciadi, a las que se les ofreció bonos y una quita sobre el total reclamado.
Durante la misma Asamblea, el gobierno argentino cerró las conversaciones "constructivas" a través de las cuales el staff del FMI se dispuso a darle las puntadas finales para elevar el informe sobre el nuevo indicador de precios nacional de la Argentina, que el directorio del organismo tratará la semana próxima.
Asimismo, ya con Jorge Capitanich como Jefe de Gabinete y Axel Kicillof como ministro de Economía, se anunció la semana pasada la concreción de un preacuerdo con la petrolera Repsol, para terminar de convenir una compensación a la firma española por la expropiación de las acciones que tenía en YPF.
El caso de hoy es paralelo a la causa del "pari passu", por la cual se consideró que Argentina violó el tratamiento igualitario a los acreedores, y se la condenó a pagar 1330 millones de dólares (actualizables segun intereses corridos impagos) a fondos buitre.
Fue a través de un polémico fallo del juez Thomas Griesa por el método de pago, que tiene de rehenes a los bonistas del canje, y que fue ratificado en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones, si bien se dividió en dos opiniones.
La primera opinión, que sostiene que la Argentina violó el pari passu, ya fue rechazada para su consideración por parte de la Corte Suprema; resta ver la suerte de la segunda opinión, para lo cual aún deben pasar los tiempos legales para que la Argentina formalice su pedido de revisión ante el máximo tribunal.
En el interín los fondos buitre, con Paul Singer a la cabeza (a través del fondo NML, perteneciente a Elliott), logró un fallo paralelo por el "descubrimiento de activos" de la Argentina ubicados fuera del territorio de Estados Unidos, que involucra también a entidades financieras, para que revelen información de cuentas solicitadas, en pos de encontrar alguna moneda que los fondos buitre puedan cobrar.
El escrito del gobierno de Estados Unidos, firmado por el fiscal General del Estado, Donald Verrilli, aseguró que con su decisión, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York "permitió erróneamente el discovery (la producción de pruebas) completo de los activos de un Estado extranjero ubicados fuera de los Estados Unidos".
Agregó que el tribunal "incurrió en error al considerar que el hecho de que el pedido de información fue dirigido a terceros, elimina cualquier preocupación soberana de inmunidad".
En ese sentido, el fiscal General alertó que la resolución "plantea preocupaciones significativas de política exterior para los Estados Unidos" y que por lo tanto, "el pedido de petición de recurso extraordinario (writ of certiorari)" realizado por el gobierno argentino para rechazar el fallo, "debería ser concedido", culminó.
Fuente: Télam
