Por su parte, el gasto del Sector Público Nacional tendrá un incremento de $24.052 millones (38,7%) como consecuencia de mayores pagos de intereses por vencimiento de deuda ($6.814,3 millones) y del incremento en el gasto primario por $17.237,2 millones. El superávit primario de 2003 llegaría así a los $11.661,3 millones (2,18% del PIB) lo cual, teniendo en cuenta el pago de intereses de $14.884,3 millones, significaría un déficit total de $3.223 millones (0,60 % del PIB).
Estas estimaciones estarían sobreestimando los recursos tributarios del 2003, fundamentalmente en el caso del IVA (que explicaría el 37% del incremento total de la recaudación): es casi improbable que con un crecimiento del 3% del PIB o una suba de precios del orden del 23% durante el 2003, dicho impuesto pueda alcanzar las proyecciones del proyecto de ley del presupuesto. El caso del aumento de los impuestos al comercio exterior (+$6.574 millones), que se daría fundamentalmente como consecuencia de la recuperación de las importaciones en un 24%, también resulta improbable: con una tibia recuperación del consumo (+3,2%) y de la inversión (+10,5) sería una sorpresa lograr la recaudación esperada en ese rubro.
Por lo tanto, el Congreso Nacional debería poner el acento en la revisión de dichas proyecciones de recursos porque de lo contrario el déficit estimado para el 2003 será mayor al presupuestado. Se podría dar el caso que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en realidad esté "ocultando" algunos datos: que la inflación del año que viene sea significativamente mayor al 23%, con lo cual la base nominal tributaria sea tal que permita llegar a las metas del IVA proyectadas. O por qué no, que el PIB tenga un desempeño mejor que el estimado y supere ampliamente el 3% de suba; de esta manera no sólo la recaudación relacionada con el consumo sino también la que está afectada por las inversiones, importaciones y exportaciones podría alcanzar las cifras presentadas por el gobierno.
EL DEBATE POLÍTICO SOBRE EL PRESUPUESTO NACIONAL
La discusión de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional debería ser el debate político de fondo, pues se trata nada menos que aprobar, por parte del Congreso de la Nación, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y cómo se van a gastar los recursos que recauda el estado. Este debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales. Al tratar esta ley se considera el tamaño del gobierno nacional, los recursos con los que contarán sus distintas funciones y el costo que representará para los contribuyentes.
Como el estado está para servir a las personas y no las personas para servir al estado, los contribuyentes deberían estar muy atentos cada 15 de septiembre, fecha límite en la cual según la Ley de Administración Financiera del Estado debe el Poder Ejecutivo enviar a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley de presupuesto. A partir de esa fecha, los contribuyentes que están desorganizados y desinformados, quedarán a merced del voluntarismo político de los legisladores y de los grupos de presión de distintos sectores de la burocracia estatal que comenzarán a frecuentar los pasillos del Congreso Nacional exigiendo mayores recursos para una determinada área pública.
La tradición parlamentaria de los últimos años en el debate presupuestario registra que los legisladores son una amenaza para el bolsillo de los contribuyentes y que en la mayoría de los casos no están dispuestos a defender el patrimonio del sector productivo, impulsando mayores gastos en actividades estatales cuya necesidad primero habría que discutir. Un antecedente a tener en cuenta es el informe "Burocratómetro", un indicador parlamentario sobre los proyectos de ley cuya sanción implicaría un aumento del gasto público. El "Burocratómetro 2001" registró un 5% del total de proyectos de ley, presentados el año pasado, como iniciativas que incrementarían el próximo presupuesto nacional. Contrariamente, es difícil encontrar algún proyecto de ley proponiendo recortar el gasto de una función estatal.
En realidad, la ley de presupuesto nacional es la oportunidad ideal para debatir e implementar una reforma integral del estado, pudiendo reasignarse partidas de unas áreas a otras para seguir gastando lo mismo pero en forma más eficiente o, directamente, eliminando funciones estatales innecesarias, con lo cual el gasto público nacional se reduciría y por ende deberían disminuirse los impuestos. Esto último ayudaría a reactivar genuinamente la economía mediante la inversión privada, pues los particulares dispondrían en mayor medida de sus patrimonios, y también implicaría un mayor protagonismo de la sociedad civil para resolver problemas que el estado no resuelve pero para los cuales dispone de recursos que utiliza en forma ineficiente.
Pero lo cierto es que no existe una discusión seria del presupuesto nacional. El Poder Ejecutivo envía el proyecto con igual o mayor gasto que el presupuesto anterior y cuando los legisladores lo reciben proponen generalmente incrementos al proyecto original. Difícilmente un legislador -o sus asesores- realice una lectura total del proyecto de ley de presupuesto, marcando con un lápiz rojo las asignaciones que considera innecesarias y que son muchas, como posteriores informes privados terminan demostrando. Finalmente, es el Poder Ejecutivo el que luego de sancionada la ley de presupuesto debe mediante la facultad de veto presidencial limitar al Poder Legislativo que incrementa el gasto del proyecto original.
En todo caso, si los legisladores tuvieran convicción política para bajar el gasto de la administración pública nacional, deberían comenzar por el propio presupuesto del Poder Legislativo, donde hay mucho por reducir. Por ejemplo, podrían eliminarse los nombramientos de personal transitorio y asignar una suma fija por cada legislador que en total representará un gasto significativamente menor, por citar una de varias propuestas de reforma del estado en el Congreso Nacional.
Ahora, sin restricciones constitucionales que limiten las funciones estatales, el nivel del gasto público, el grado de presión tributaria y la imposibilidad de contraer deudas; sólo cabe al momento de debatirse la ley de presupuesto nacional recordarle a todos los legisladores que cada peso que gasta el gobierno es un peso que previamente sale del bolsillo de la gente y que su función es servir a las personas y no convertirlas en un medio para los fines de su irresponsable y festivo voluntarismo político.
Pablo Guido es Economista Jefe y Gabriel C. Salvia es Director Ejecutivo, de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre (www.atlas.org.ar).
