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Viernes 29 de Marzo de 2024
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El gobierno porteño es el principal responsable del desfinanciamiento del Ciudad

Leandro Selén

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso el grito en el cielo cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió avanzar con el proyecto de ley que establece que los depósitos judiciales correspondientes a los juzgados nacionales de la Capital Federal deberán hacerse en el Banco Nación, cuando hasta ahora existía la opción de hacerlos en la institución financiera porteña. 

Asimismo, desde la administración de Mauricio Macri alertaron que tal decisión dejaría al Banco Ciudad sin capital suficiente para poder otorgar créditos de estímulo al desarrollo y la producción, así como también a los vecinos de la ciudad para la compra de una vivienda o para atender sus necesidades de financiamiento personales.

También advirtieron que una medida de tal magnitud ponía en riesgo la continuidad de las fuentes laborales del Banco. Sin embargo, al gobierno porteño el Banco Ciudad poco le importa, ya que en cinco años de gestión es poco lo que ha hecho para favorecer desde la administración política el desarrollo de la entidad financiera.

Si se comparan los stocks de préstamos entre 2007 y 2011 se observa que mientras los créditos hipotecarios crecieron a valores corrientes 107%, los préstamos a grandes empresas lo hicieron en un 217%, es decir, más del doble que los préstamos para que los vecinos accedan a una vivienda.

Hace algunas semanas se publicó en el boletín oficial la Resolución 276/12[1] del Ministerio de Modernización de la Ciudad, a cargo de Andrés Ibarra, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la contratación de un "Servicio Bancario para el pago de sueldos mediante acreditación en cuenta con tarjeta de débito" para todo el personal del gobierno de la ciudad, por $ 25.272 millones.

Esta licitación que promueve el macrismo es la que puede realmente desfinanciar al Banco Ciudad, como queda evidenciado en la presentación judicial que los mismos trabajadores del Banco realizaron en la justicia porteña.

Se trata de los $8.424 millones de pesos en sueldos que el gobierno porteño paga, cada 12 meses, a través de 124 mil cuentas bancarias, y que son operadas, hasta ahora, por el Ciudad.

La cifra es bien superior a los $6.800 millones anuales que provienen de los depósitos judiciales que ahora comenzarán a hacerse en el Nación.

Fue la jueza Elena Liberatori quien decidió hacer lugar al pedido de amparo que presentaron los nueve delegados generales de la Comisión Gremial Interna del Ciudad y suspendió la licitación.

Los gremialistas argumentaron que el pliego licitatorio viola un artículo de la Constitución porteña y dos de la Carta Orgánica del banco, con lo cual la jueza impugnó el pliego y los montos.

Pero éstos no son los únicos detalles que ponen evidencia una política que bien lejos está de orientarse hacia el fortalecimiento de la institución financiera porteña.

En octubre de 2009 el Banco dejó de cobrar servicios públicos a quienes no fueran de antemano clientes, derivando esas comisiones de cobro a otras entidades financieras privadas o de la modalidad Pago Fácil.

Desde 2010 viene amagando con retirar utilidades para llevarlas a rentas generales de la Ciudad y utilizarlas como una fuente más de financiamiento.

Decidió pagar los sueldos de la Policía Metropolitana, unos $150 millones mensuales, a través del Banco Galicia.

Cuando la Legislatura de la Ciudad le pidió explicaciones sobre el particular respondió "que se consideraban convenientes las prestaciones extras ofrecidas por la citada entidad bancaria y su amplia experiencia en el pago de haberes", destacándose entre ellas el acceso a la red Banelco, el servicio de banca electrónica, que el Ciudad también tiene y muy bueno, "cuenta sueldo sin cargo", tarjetas de crédito y promociones, como el "acceso al programa Aerolíneas Plus".
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Además afirmaron no haber elegido al Banco Ciudad porque no se presentó con una oferta, algo que el Galicia hizo de motu propio ante la Subsecretaría de Administración de la Metropolitana.

Todo esto en medio de un debate público por el proyecto de ley de los depósitos judiciales, iniciativa que despertó una fuerte campaña por parte del macrismo, que planteó que se desfinanciarían las líneas de créditos hipotecarios del Banco y se ponía en riesgo la estabilidad laboral de los empleados.

No obstante, es la extravagante actitud del gobierno de Macri, que actúa como si el sector público local no fuera un ente consolidado que incluye al Banco, que le resta al Ciudad uno de sus principales negocios y cartera.

Fuente: Télam


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