Ante esta situación, el Colegio de Escribanos de la Capital presentó un recurso de amparo ante la justicia contencioso administrativa federal para que decida qué jurisdicción es la que debe cobrar el impuesto.
La legislatura porteña dispuso la aplicación del impuesto a los sellos para la compra de inmuebles no destinados a vivienda, es decir los que sirvan como locales comerciales o de uso profesional, en tanto que esta carga también existe a nivel nacional. (Télam)