En una audiencia celebrada hoy en el piso 26 de la Corte de Nueva York, Griesa escuchó el planteo de un grupo de holdouts que iniciaron una acción colectiva ("class action") contra Argentina en 2004 y los autorizó a emitir pedidos de información a entidades financieras con el objetivo de poder precisar el alcance y el volumen de los bonos en default del grupo en cuestión, a fin de estimar el daño y evaluar el monto del resarcimiento más el pago de intereses de la deuda.
Estos bonistas buscan plegarse al resarcimiento previsto por el juez Griesa para los fondos buitre que ganaron con el fallo "pari passu".
"La Corte de Apelaciones consideró que es mejor dar un paso atrás y asegurarse ciertas cuestiones básicas", dijo Griesa al comienzo del encuentro.
Estas palabras iniciales dejaron en claro a la audiencia que el magistrado estaba dispuesto a revisar su fallo anterior, luego de que la Cámara de Apelaciones se lo solicitara en dos oportunidades.
La nueva audiencia quedó fijada para el martes 1 de diciembre a las 14.30 y se espera que los tenedores, representados en la corte por el abogado Saul Roffe, presenten evidencia concreta sobre el volumen de títulos similares que se encuentran en default.
La estrategia esbozada hoy por los demandantes, que no fue objetada por el letrado representante de la Argentina Carmine Bocuzzi, consistirá en remitir pedidos de información a entidades financieras para determinar "quién forma parte de la acción colectiva y si todavía pueden ser considerados tenedores", según expresó Roffe a Griesa.
La medida del juez distrital obedece a un pedido de especificación que le realizó la Corte de Apelaciones, dado que las acciones colectivas son presentadas por una o varias persona en representación de todos los que se encuentran en la misma situación, sin poder establecer a priori cuál es el número exacto de demandantes.
Tras la orden de hoy, los holdouts adelantaron que remitirán pedidos a entidades como la Caja de Valores, Euroclear, y las entidades Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y Deposit Trust Company de EEUU, además de solicitar información a Japón y Hong Kong.
Al ser consultados por Griesa sobre el tiempo estimado que les llevará juntar esta información, Roffe respondió que "no menos de 4 meses" y estimó un plazo total de "entre 6 y 8 meses", a lo que el juez neoyorquino respondió: "Nada de eso me parece irrazonable".
Según explicó el abogado de los bonistas, podrán ser incluidos en la demanda quienes hayan sido "tenedores continuos" de los títulos desde el inicio de la acción, y que no se hayan desprendido de ellos en el mercado secundario.
Roffe admitió ante Griesa que desconoce, con excepción de sus representados, quiénes son tenedores continuos, y por ese motivo consultará a las entidades financieras que mantienen registro de estas operaciones.
La Corte de Apelaciones recordó a Griesa -en su fallo del 10 de agosto pasado- que él mismo había accedido en una oportunidad anterior a tomar el criterio de Argentina de una acción de clase para aquellos que aún mantenían los bonos en su poder y no fueron vendidos en el mercado secundario tras el default, y que luego, cuando aplicó el "criterio agregado" de sumar a todos, sin especificar cómo realizó los cálculos del daño.
Además de Roffe y Bocuzzi, la audiencia fue seguida en el recinto por el mediador designado por Griesa, Daniel Polack, y representantes del consulado argentino en Nueva York.
Fuente: Télam
