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Jueves 28 de Marzo de 2024
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Italia y España profundizan el ajuste y la recesión económica

Mientras la fuga de capitales no se detiene, España apela a medidas draconianas para satisfacer a los mercados, en tanto Italia piensa encarar una liberalización económica similar a la realizada por Domingo Cavallo a inicios de los ´90 en Argentina.


El gobierno del presidente Mariano Rajoy sigue avanzando, no sin choques dentro de su gabinete, con la línea de austeridad a rajatabla dictada por Berlín, una política que no impide que las calificadoras de crédito consideren su deuda como "bonos basura".

Para la agencia Standard & Poor´s, el riesgo-país de España está cinco calificaciones por debajo de la nota máxima "AAA", una posición "BB" considerada como de elevado riesgo de impago.

La tasa de desocupación del 21%, equivalente a casi cinco millones de personas, y la perspectiva de recesión segura para este año, con una caída de aproximadamente un 2% del PBI, complica aún más la deuda pública española que equivale al 81% de su producto.

Pero, en realidad, la deuda pública es la que menos peso tiene en el endeudamiento total del país. La mayor debilidad española es su deuda privada, particularmente la de los bancos con el exterior y de los constructores nacionales con los bancos.

La suma de deuda pública nacional, pública externa, privada y de las autonomías regionales alcanza a la friolera de 3,3 billones de euros, esto es, más de tres veces el PBI anual español de alrededor de un billón de euros.

En lo inmediato, el problema más explosivo que enfrenta Rajoy es la deuda de las autonomías o regiones, en especial las gobernadas por su Partido Popular (PP).

De todas ellas, destaca la de Valencia, con 80.000 millones de dólares de deuda debido a una gestión desastrosa y corrupta de los sucesivos gobiernos del PP presidido por el ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, actualmente sometido a un juicio por supuesta aceptación de sobornos.

Los populares en el gobierno, como anteriormente lo hicieran los socialistas del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se negaron hasta la semana pasada a garantizar la deuda de las autonomías e incluso a prestarle dinero para que éstas salden las deudas que están paralizando sus economías.

Pero la situación ha llegado al borde del abismo.

Ayuntamientos paralizados que no pagan a empleados ni proveedores desde hace meses, y gobiernos autonómicos que tampoco pueden hacer frente a sus compromisos podrían desencadenar un dominó que lleve a España a un "default" que se quiere impedir a toda costa.

Por esa razón, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió la semana pasada adelantar 8.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan parcialmente sus deudas con proveedores.

De este total, 420 millones se los llevará Valencia.

El riesgo latente, aunque aparentemente no cercano de una suspensión de pagos de España, se refleja en la pérdida de depósitos bancarios que, entre octubre de 2010 y octubre de 2011, totalizó 48.000 millones de euros de no residentes, además de otros casi 15.000 millones de residentes.

Una idea del temor de los inversores lo da la caída de depósitos de no residentes, que en 2008 llegaba 500.000 millones de euros y que, tres años después, no supera los 75.000 millones.

Italia, por su parte, gobernada por el premier Mario Monti, parece abocada a un plan de austeridad y liberalizador aún más duro que el de España.

Dos meses después de haber sucedido en el cargo al denostado Silvio Berlusconi, el tecnócrata italiano ha recortado las jubilaciones y pensiones, permitido una fuerte suba de las naftas y liquidado una parte de los derechos laborales.

Ahora, Monti se quiere probar el traje de Cavallo y convertirse en su émulo italiano. Al igual que el ex ministro de Economía argentino, Monti planteará desde la semana próxima una serie de proyectos de desregulación sectorial.

Es el caso del Correo estatal cuyo monopolio quiere eliminar en favor de su privatización parcial o total; del sector de estaciones de servicios, que podrán comprar a cualquier distribuidor y montar supermercados, así como la liberalización de la red ferroviaria.

También quiere abolir los honorarios profesionales de abogados, arquitectos, escribanos y otros, liquidando las tarifas existentes y dando libertad para arreglar a las partes en cada caso. La desregulación también afectaría a farmacéuticos, taxistas y servicios de playas.

El ex banquero que gobierna Italia con la bendición de Alemania, Francia y el Banco Central Europeo (BCE), tiene como objetivo fundamental el asegurar a los mercados y al capital financiero que su país es una plaza segura para los negocios y la especulación.

"Convenceré al mercado de que Italia es sólida y fiable", ha dicho Monti, mientras segmenta el mercado de trabajo para que los jóvenes que ingresen cobren salario similares a los de los griegos, por debajo de 600 dólares.

Mientras el desempleo sigue subiendo y la recesión ya está casi instalada, al igual que en España, el experimento social de Monti, junto con el de Rajoy, sólo parece perseguir el objetivo de emular la dureza de sus pares de Grecia que han colocado a su país en la vía de la depresión económica.

A esta altura de la crisis mundial y europea, es evidente que las políticas gubernamentales apuntan exclusivamente a salvaguardar los intereses de los rentistas y del capital financiero, una meta que para ser alcanzada precisa de la liquidación del Estado del Bienestar y conduce, más tarde o más temprano, a una crisis de la democracia.


Fuente: Télam


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