La medida fue resuelta al revocar una sentencia por falta de mérito que había dictado el juez Juan José Comparato, informó la Procuración General de la Nación.
El caso se inició en febrero de 2011, a raíz de una denuncia formulada por el director regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las irregularidades se constataron durante un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación en las estancias "Miraflores" y "La Emma".
En la finca "Los Mirasoles" se constató la presencia de 11 trabajadores en negro, de los cuales uno era menor de edad, y en "La Ema" se comprobó la presencia de 30 trabajadores, de los cuales siete eran menores.
Ambas fincas habían sido arrendadas por Daniel Soriano y su pareja, María Ester Yancarelli.
En la declaración indagatoria, ambos imputados manifestaron en su defensa contratar a un "jefe de cuadrilla" y no tener otro conocimiento sobre el resto de los trabajadores.
Según las declaraciones testimoniales tomadas durante los allanamientos, los peones nunca habían firmado un contrato de trabajo, ignoraban hasta cuándo iban a trabajar en ese lugar y desconocían cuál sería la remuneración que iban a percibir.
Además de solicitar el procesamiento de los productores rurales, la Cámara Federal de Mar del Plata encomendó al juez de la causa profundizar la investigación, a fin de establecer también posibles violaciones a la ley migratoria, y ampliar la indagatoria al "jefe de cuadrilla" de las fincas allanadas.
Fuente: Télam