Fuentes del Alto Tribunal revelaron a Télam que la fallida resolución contemplaba que el Estado Nacional y la provincia contaran con 30 días corridos para, de común acuerdo, decidir cómo y cuándo se reintegrarían los fondos puntanos.
Ese lapso haría recaer el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte dentro del mandato de la administración del presidente Eduardo Duhalde. (Télam)