"No quieren arreglar, este es el gran tema de los fondos buitre", dijo Cristina en Casa de Gobierno al responder al titular de ese fondo, Mark Brodsky, de quien dijo que no rechaza el diálogo por codicia o avaricia "sino por una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar a la Argentina y tirar abajo la reestructuración de deuda soberana".
Sobre las advertencias de Brodsky de que "lo peor está por venir" para la Argentina si no accede a un acuerdo con los fondos buitre, Cristina repudió que alguien "pueda tener amenazado a los argentinos y más aún que pueda haber otros argentinos que defiendan a esta gente".
Pero al referirse al accionar especulativo de los fondos buitre, la Presidenta anunció que el gobierno nacional realizó una denuncia penal bajo los términos de la Ley Antiterrorista contra los directivos de la imprenta Donnelley por considerar que la intención fue crear "un estado de quiebra para generar temor" en la población.
Cristina al denunciar "un entramado casi mafioso a nivel internacional", reveló que el 70% del paquete accionario de Donnelley estaba en manos del fondo BlackRock, al que NML de Paul Singer le transfirió en diciembre de 2013, el 7% de las acciones que poseía en una empresa multinacional con presencia en la Argentina.
Precisamente, la jefa del Estado llamó la atención de que el fondo de inversión BlackRock "se presentó como amicus curiae de la Argentina en el juicio" que el país mantiene contra los holdouts en el tribunal del juez de Nueva York Thomas Griesa.
Pero Cristina al referirse a la presunta quiebra de Donnelley afirmó que en el país "hay ´Griesas´ que superan las marcas del propio (juez Thomas) Griesa".
Según denunció la Presidenta, los directivos de Donnelley presentaron el pedido quiebra el viernes 8 de agosto ante la justicia "y el auto de quiebra salió el lunes 11, en una quiebra express", a pesar de que la revisión de los estados contables que realizó la AFIP reflejó que "evidentemente no había ninguna crisis en la empresa".
A partir de estas vinculaciones de hechos, a lo que se sumó que la empresa retiró su directorio 30 días antes de pedir la quiebra, la Presidenta anunció que el Estado nacional denunció a la empresa bajo los términos de la Ley Antiterrorista.
También informó que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que "revoque el acto de quiebra y se extraiga testimonio por el delito de defraudación" por entender que "se creó un estado de quiebra, que no es tal, para estafar o crear temor en la población".
"Estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento e intento de atemorizar a la población -insistió-, acompañado por ciertos medios que se plegaron decididamente a la maniobra y con grandes titulares anunciaban que quedaban 400 personas en la calle y que la industria gráfica se caía a pedazos".
Ante la evidencia recolectada por el Gobierno, Cristina anticipó que el Estado argentino va a recurrir a la Securities Exchange Commission (SEC), el órgano de contralor bursátil de Estados Unidos, debido a que Donnelley notificó a sus accionistas "una pérdida de 20 millones de dólares" por sus operaciones en Argentina, sin que esto se verifique en sus estados contables.
"Esperamos que el órgano de control sea lo suficientemente rígido e inflexible para castigar a quienes castigan a los jubilados norteamericanos que creyeron en Donnelley y sus fondos de inversión", aseveró la Presidenta, al denunciar que la intención de la maniobra es "ver a un país de rodillas".
Fuente: Télam
