La causa data de octubre de 2009 cuando, mediante intervenciones telefónicas, se pudo constatar la existencia de una presunta asociación ilícita fiscal promovida por un grupo de agricultores.
Personas que simulaban ser productores o prestadores de servicios agropecuarios facilitaban y participaban en la presunta evasión tributaria, mediante comprobantes apócrifos comercializados por la organización.
Esta presunta asociación ilícita funcionaba por lo general bajo una sociedad anónima encargada de la comercialización de granos, se valía de contribuyentes ficticios -a los que se inscribía como mayorista de cereales- y organizaba la logística de transporte, entrega en puerto, gestiones bancarias, etc.
Luego se procedía a su inscripción en el Registro Fiscal de Operadores de Granos como acopiador, lo cual les permitía obtener ventajas en cuanto a los montos en las retenciones de IVA e Impuesto a las Ganancias.
Los falsos contribuyentes suscribían los formularios necesarios para las inscripciones, contratos de alquiler, firmaban chequeras en blanco, compraban cartas de porte hasta depósito, realizaban cesiones de cheques, transferencias bancarias, etc.
La canalización de los fondos se realizaba a través de otra sociedad anónima, que gestionaba y administraba diferentes asociaciones mutuales.
Esto permitía a los productores agropecuarios cordobeses ocultar la ruta del dinero obtenido de forma fraudulenta, porque los colocaba al margen de las posibles inspecciones de la AFIP.
Los involucrados en la maniobra hacían figurar como "asociados" a los falsos contribuyentes, agrega la información de la UIF.
Así, bajo la figura de ayudas económicas desde dicha mutual, se habrían realizado pagos por cuenta y orden de sus asociados y/o entregas de fondos en efectivo, garantizados con cheques de terceros, que quedaban en poder de los mismos asociados.
Estos cheques eran luego cedidos a la mutual para su cobro, y de ese modo se evitaba el pago del impuesto correspondiente.
Los principales integrantes de la organización aparecían entre las autoridades de las firmas, así como de una asociación mutual con la que principalmente coordinaban sus acciones.
Asimismo, se corroboró la participación de estos testaferros de productores agropecuarios como asesores o confeccionistas de facturas falsas, transferencias bancarias, etc.
En el marco de esta causa, el 13 de octubre de 2011 la Cámara Federal de Córdoba advirtió que las maniobras de simulación apuntarían a "convertir, transferir, vender o aplicar de cualquier modo, dinero u otra clase de bienes que serían provenientes de delitos, con la finalidad de darles apariencia de origen lícito".
La UIF solicitó al juez Rebak que se adopten medidas cautelares como el embargo preventivo, el decomiso, la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas y la investigación del patrimonio de cada involucrado.
Fuente: Télam
