“Se concibe la ley como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos”, dijo Heller durante la presentación, en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que firman además los diputados Jorge Rivas, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro, propone tornar obligatoria la garantía estatal de los depósitos y triplicar su monto (de 30 mil pesos en la actualidad a 100 mil pesos).
Además, según el proyecto, el Banco Central deberá monitorear que ninguna entidad financiera privada supere una participación de 8% en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos.
Heller explicó que ese tope “no modificará la situación actual, pero evitará que el sistema avance a una mayor concentración”.
El proyecto impulsa la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central y un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros en cada entidad financiera.
En materia crediticia, la iniciativa encomienda al Banco Central establecer un listado de “servicios esenciales” que las entidades deberán ofrecer a los sectores de menores ingresos de la población, que deberán ser prestados sin costo o con un nivel máximo de comisiones.
Las entidades financieras, según el proyecto, deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos de 38% del total de su financiamiento al sector privado, y 2% a los microemprendimientos.
Destacó además que el proyecto presentado en conjunto por los bloques Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Proyecto Progresista y Concertación Forja “saldará una vieja deuda de la democracia al ponerle fin a la ley de Entidades Financieras de la dictadura”. Por otra parte, se establecen disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de que los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades financieras.
Se regulan las operaciones en monedas extranjeras, de modo que los depósitos en divisas se apliquen a operaciones de deudores con ingresos en esas monedas, y se deja un margen de 10% para préstamos a pyme y de inversión con capacidad cancelatoria.
En cuanto a la diferenciación entre entidades nacionales y extranjeras, los diputados explicaron que “se incorporan criterios más restrictivos” para la actuación de las entidades de capital externo en el sistema local.
Al respecto, la iniciativa prevé que sea el Poder Ejecutivo y no el Banco Central el que autorice nuevas inversiones externas en el sector.
Fuente: criticadigital.com.ar
