En este sentido, la autoridad minera destacó la Ley 24.585 de Protección Ambiental que regula el desenvolvimiento de la minería en cumplimiento con los standares internacionales más exigentes. Esta normativa está incorporada al Código de Minería y garantiza los instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para la sustentabilidad ambiental. De esta manera, la minería lidera en la economía nacional con una legislación específica en materia de resguardo del medio ambiente.
El programa del BID nos permitirá por un lado asistir y fortalecer las estructuras mineras provinciales encargadas de la gestión ambiental, destacó Mayoral, haciendo referencia a que el Código de Minería establece que los recursos mineros son propiedad de las provincias y recae sobre las mismas la responsabilidad de autoridad de aplicación de la normativa vigente en materia de protección ambiental.
Cabe señalar que todo emprendimiento minero en cualquiera de sus etapas debe presentar previo a las operaciones un Informe de Impacto Ambiental, público y de libre acceso, que cuenta con un Plan de Manejo y un Plan de Contingencias, los cuales comprenden, entre otras cosas, el destino de fondos para etapas de monitoreo de control ambiental, inclusive luego del cierre del yacimiento, el cuidado de la flora y fauna y la planificación de acciones de prevención.
En este sentido, el gobierno nacional aportará fondos del BID para contribuir a fortalecer las Unidades de Gestión Ambiental de las provincias mediante la capacitación, la asistencia técnica y la mejora tecnológica con el objeto de sumar especialización para la evaluación de los informes de impacto ambiental y las tareas de control y monitoreo de las operaciones mineras.
Este es el resultado de las gestiones que iniciamos en sede central del BID para afrontar con las óptimas herramientas tecnológicas y profesionales uno de los mejores momentos que atraviesa la minería para nuestro país, aseguró el funcionario nacional, resaltando que en los próximos ocho años Argentina recibirá más de 12.500 millones de dólares en la exploración y desarrollo de nuevos proyectos mineros productivos.
Estos emprendimientos se ubicarán en muchas de las provincias del país, promoviendo nuevas fuentes de empleo principalmente en las zonas más alejadas a los grandes centros industriales. Se estima que en ese período el empleo directo en la minería alcanzará los 87.000 puestos de trabajo y el indirecto se ubicará por arriba de los 330.000.
Por ello, el impacto minero repercute económica y socialmente directamente en comunidades provinciales que por no formar parte del convencionalismo productivo agro ganadero fueron históricamente olvidadas, generando allí el desarrollo de infraestructura regional (caminos, tendidos eléctricos, modernas vías de comunicación, etc.) la complementación productiva para la puesta en valor de otros sectores de la economía y el afincamiento de proveedores de bienes y servicios locales, que a su vez incrementan la demanda laboral.
En materia ambiental, los 25.6 millones del BID también serán destinados para un programa de evaluación y recomposición de zonas afectadas por antiguas actividades industriales, previas a la actual legislación que rige en materia de resguardo ambiental. Para ello, en una primera instancia se realizarán trabajos de remediación de pasivos en la provincia de Jujuy; en San Antonio Oeste, en Río Negro; y en Calingasta, provincia de San Juan.
Finalmente, el restante subprogama del BID estará orientado a asistir a la pequeña y mediana minería (principalmente de rocas ornamentales y minerales industriales) la minería artesanal y la producción del ladrillo. Estos sectores se desarrollan en todo el país en su mayoría por emprendedores nacionales, que aportan los minerales esenciales para diversas industrias como la construcción, agro, medicina, metalurgia, alimenticia, y eléctrica, entre muchas otras.
Para estos sectores se buscará promover una mayor eficiencia productiva mediante la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías a fin de incrementar la sustentabilidad ambiental y la sostenibilidad social de la actividad minera en todas sus etapas.
