Entre los asuntos que tiene que haber resuelto Grecia para recibir en octubre el próximo tramo de ayuda de 1.000 millones de euros figura el paso -antes de fin de septiembre- de 12.500 funcionarios a la denominada reserva laboral.
Los afectados sujetos a este modelo pasan durante un periodo de ocho meses a una situación de desempleo, percibiendo el 75% de su salario.
Durante este periodo se evalúa si es posible trasladarlos a otro puesto en la administración pública o si, al final de los ocho meses, tienen que ser despedidos.
En total, el gobierno bipartito de conservadores y socialdemócratas se comprometió a colocar a 25.000 personas antes de fin de año en este esquema.
A ellos se suman otros 4.000 empleados públicos que serán despedidos hasta diciembre y otros 11.000 en 2014.
Entre los principales afectados por este esquema figuran los empleados de la enseñanza pública -no solo profesores, sino preceptores y guardas escolares- así como policías municipales y trabajadores de la salud pública.
Para la próxima semana, los sindicatos anunciaron una ola de huelgas, con paros de hasta cinco días consecutivos en colegios, universidades, hospitales públicos, e incluso en el comercio privado, aunque éste solo cerrará un día.
También la reforma de la ley sobre desalojos es otro de los asuntos cruciales.
El gobierno heleno acordó con la troika levantar la moratoria a las ejecuciones hipotecarias a partir del próximo año, pero todavía está desarrollando la ley pertinente, en la que se pretende establecer excepciones para los colectivos sociales más débiles.
Analizar la reforma de la ley tributaria y la situación de la recaudación fiscal son otros de los puntos de esta nueva misión, según despacho de EFE.
Para el gobierno de Andonis Samarás el principal objetivo financiero es lograr este año un superávit primario que, conforme a lo acordado el año pasado en el Eurogrupo, le permitiría gozar a partir de 2014 de ayudas adicionales para superar la crisis.
Fuente: Télam