También procesó al contador Mauricio Villavicencio Ahumada, en tanto partícipe secundario del lavado de activos, a quien se embargaron bienes por 60 millones de pesos.
La maniobra delictiva fue detectada a partir de la investigación iniciada por la UIF en virtud de un reporte de operación sospechosa por un monto de más de 400 mil dólares.
Así se pudo descubrir que entre junio y agosto de 2007 los hermanos Fontanellas Bobo habían creado cinco sociedades comerciales con el mismo domicilio fiscal, de las cuales sólo una había realizado operaciones por una suma de 8,5 millones de pesos durante el período fiscal 2010.
La unidad antilavado presentó ante el juzgado un informe con las maniobras económico financieras desarrolladas a través de empresas pantallas, cuentas bancarias y compra de tierras en la provincia de Santiago del Estero.
También se adquirieron automóviles de alta gama y se realizaron operaciones inmobiliarias entre los mismos imputados, con el fin de dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas de actividades ilícitas.
El principal involucrado en la causa, Sergio Fontanellas Bobo, de nacionalidad peruana y argentina, tiene un pedido de extradición realizado por las autoridades de Perú.
Allí se lo imputa por lavado de activos en vinculación con la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que dirigía el ex jefe de Inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
Cristian Fontanellas Bobo, en tanto, también posee parte de las cinco empresas y está inscripto en el régimen de trabajadores autónomos, es decir, su perfil económico no se corresponde con su carácter de accionista mayoritario en tales sociedades.
Entre las irregularidades detectadas por la UIF, tanto en las operaciones realizadas como en la situación patrimonial de los imputados, se encontró que no registraban empleados en relación de dependencia; arrendaban un inmueble rural del que se duda respecto de su explotación; y habían adquirido inmuebles y maquinarias en un breve período de tiempo, sin registrar acreditaciones bancarias hasta diciembre de 2008.
La firma Crier SA -dedicada a la comercialización de productos agropecuarios- había tenido un fuerte incremento patrimonial en 2008, que no podía ser explicado por sus ingresos declarados.
La empresa no registraba retenciones por servicios de terceros ni por insumos agropecuarios, pero había comprado moneda extranjera, aún sin acreditaciones en sus cuentas bancarias, y mostraba reiterados cambios de domicilio fiscal sin justificación.
Además, concluye la información de la UIF, durante los períodos fiscales 2008-2010 habrían ingresado a la firma más de 8,5 millones de pesos como préstamos que generan pasivos a favor de terceros (varios de ellos impugnados por carecer de respaldo o provenir de una empresa apócrifa), o como aportes de capital por parte de socios que no lograron demostrar su origen.
Fuente: Télam
