Los abogados denunciaron también que ese documento que obra en poder del juez Claudio Bonadío, contendría evidencias del accionar delictivo desplegado por las consultoras, que además contrastarían con las afirmaciones que el magistrado esgrimió en su momento para sostener el procesamiento del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y otros funcionarios de esa dependencia.
El escrito recuerda que el "Topo" Larosa ingresaba con frecuencia a distintas dependencias oficiales, donde de manera subrepticia habría sustraído información confidencial sobre cuestiones de índole económica, que luego vendía a las consultoras interesadas.
Estas consultoras, según el escrito, "resultaron ser las mismas luego sancionadas por la Secretaría de Comercio Interior".
Entre ellas se encuentran la Fundación Fiel, M&S Consultores, Orlando Ferreres y Asociados y Eco Latina, entre otras.
En su momento, y en el marco de las investigaciones dispuestas por el juez Bonadío, esas consultoras fueron allanadas y se encontraron en poder de Larosa talonarios de facturación en los que figuraban el nombre de algunas de las entidades a las que les habría vendido información.
Los abogados de la Secretaría de Comercio advirtieron que ya en distintas resoluciones adoptadas por el juez Bonadío en 2010 y 2011, se habría reconocido que "la conducta de Larosa estaba orientada a sustraer información confidencial... que tenía por objeto ser suministrada a quienes solicitaran sus ´servicios profesionales´, ya sean consultoras económicas, empresas, entidades bancarias, a cambio de una suma de dinero".
También el expediente sostiene que "la actividad desempeñada por Roberto Antonio Larosa era conocida desde antaño en el ámbito económico, siendo identificado el nombrado con un apodo muy particular, ´El Topo´, puesto que los servicios que brindaba el nombrado consistían en obtener información sensible del Ministerio de Economía, la cual era entregada a cambio del pago de una contraprestación en dinero".
Y que el "asesoramiento" que brindaba Larosa era "fundamental para las consultoras económicas... al momento de asesorar a las empresas", ya que "recurriendo a Larosa tenían acceso a la información antes de que fuera publicada", agregaron los letrados.
También recuerdan que en el marco de los distintos allanamientos ordenados por el juez Bonadío en 2010, se obtuvieron filmaciones, croquis, planos y fotos, además de revelar el personal y la infraestructura con la que contaban para llevar adelante este tipo de ilícito.
En ese marco, los abogados de la cartera económica nacional solicitaron a los jueces del fuero Penal Económico en los que se encuentran las denuncias formuladas contra las consultoras que "reclamen acceder" al contenido del citado expediente judicial, además de afectar los elementos incautados en el marco de esa causa para que queden a disposición de sus investigaciones para las pericias que resulten necesarias.
Las presentaciones se concretaron en las causas encaradas por la Secretaría de Comercio Interior contra las consultoras Finsoport S.A., Orlando J. Ferreres y Asociados, Buenos Aires City y M & S Consultores.
Una denuncia similar también fue presentada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de la Procuración General de la Nación, en el marco de la "Investigación Preliminar Nro. 1/2013" ("FINSOPORT S.A y otros. S/FRAUDES AL COMERCIO E INDUSTRIA (ART. 300)") que tramita en su Área Operativa de Mercado de Capitales.
Fuente: Télam