El pedido lo realizaron Carlos Gonella y Omar Orsi, titular y coordinador de área, respectivamente, de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC); y Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49.
En 2011, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado la misma medida para los acusados de conformar una asociación ilícita en la entidad financiera, pero el juez Rappa la denegó.
Los responsables del BNP Paribas -señala la denuncia- intervenían en el proceso inicial de apertura de cuentas en sedes del exterior, para personas físicas y jurídicas de la Argentina.
Luego, constituían sociedades, fundaciones, fideicomisos y empresas privadas de inversión extranjeras.
Finalmente, enviaban las divisas hacia y desde las sucursales de la misma corporación u otras entidades, situadas en plazas financieras como Suiza, Luxemburgo, Panamá, Bahamas y Estados Unidos, entre otras.
Abraldes, que intervino en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de "una organización criminal clandestina", bajo la órbita del BNP Paribas", informó la PROCELAC.
Esa actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y coejecutada por sus dependientes- era "administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".
De acuerdo con el pedido presentado por Azzolin y Gonella, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) "no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares", con algunos directivos del banco, tal como declararon.
Entre esos directivos fueron mencionados Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon y Alexis Nicolás Quirot de Poligny.
Para la PROCELAC, esos clientes "buscaban proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional".
Los fiscales cuestionaron el "deliberado ocultamiento de la oficina, durante al menos ocho años, a los organismos de control especializados en la materia: el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Entidades Financieras".
Esa informalidad, evaluaron, "permite inferir que no se contabilizaba la actividad allí desarrollada, ni se contaba con registros formales de los clientes o las operaciones gestionadas".
De este modo se incumplía con la normativa vigente en materia financiera y sobre el control del lavado de activos a nivel nacional e internacional, sostiene la Procuraduría.
"Sería lógico conjeturar -concluyen los fiscales- que (el BNP Paribas) tampoco afrontaba la carga impositiva que pudiera corresponderle por esa actividad".
Fuente: Télam