La contratación de la entidad que asesorará al Gobierno se hará a través de una licitación que se concretará el 2 de diciembre, y los pliegos establecen que "el asesor financiero no puede ser acreedor de la República Argentina directa ni indirectamente".
La medida fue dispuesta a través de la Resolución 594, reglamentaria del decreto 2255/02 publicado hoy en el Boletín Oficial. (Télam)