La sentencia implica que la garantía podría ser confiscada por el fondo demandante, que busca recuperar el valor total de sus bonos argentinos impagos si avanza el canje de deuda.
La decisión del miércoles revierte un fallo de una corte de menor rango. Argentina suspendió el pago de su deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares en el momento más álgido de una feroz crisis económica entre el 2001 y el 2002.
El incumplimiento incluyó bonos Brady emitidos en 1992. En en el 2005 y el 2010, el Gobierno realizó canjes de deuda que le permitieron normalizar el 92 por ciento de los bonos soberanos impagos. Y en diciembre, ofreció a los tenedores de los restantes bonos Brady en cesación de pago otro acuerdo similar, que fue aceptado por acreedores que tienen u$s270 millones en su poder.
Pero el canje dependía de que cortes estadounidenses permitieran a ambos lados modificar los acuerdos de garantía para poder evitar los embargos. Un juez de un tribunal menor lo permitió, pero la corte de apelaciones revirtió esa resolución.
"Es inevitable que las órdenes de embargo tengan consecuencias para terceros", dijo la corte. "Aquí las consecuencias no son graves. Los tenedores (de bonos Brady) obtendrán no menos de lo que originalmente estaba estipulado; sólo pierden su flexibilidad para arreglar un acuerdo distinto", según la Corte.
"Argentina no aporta evidencia de que un fracaso en esta operación tenga un efecto importante en sus finanzas o en su capacidad para acceder a los mercados de capital", dijo la corte de apelaciones. "Por lo tanto, no vemos suficientes circunstancias extraordinarias para justificar una modificación especial de las órdenes de embargo", agregó la corte.
El canje podría no avanzar debido a la orden judicial que respalda las órdenes de embargo originales, agrega la sentencia. Los bonos Brady relacionados al caso de la corte vencen en 2023.
La garantía de los bonos sería devuelta a Argentina si el país paga el capital al momento del vencimiento o, en caso contrario, iría a los tenedores directamente si el país no cancela su obligación. (Infobae)
