La propuesta se fundamenta “en el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho, donde la función tutorial de la escuela y el vínculo con los adultos debe fortalecer las prácticas docentes y los modos de gestión”. Así, atender las problemáticas de los adolescentes y acompañar su trayecto escolar implica “generar un espacio específico de trabajo para quienes cumplen el rol de preceptor, tutor y/o facilitador pedagógico en la escuela secundaria, cualquiera sea su modalidad; promoviendo el trabajo con los alumnos con el fin de asegurar y enriquecer su escolaridad, contribuyendo de este modo a garantizar sus derechos”.
Asimismo, el desafío que genera la obligatoriedad del nivel secundario “requiere de diversas estrategias institucionales que permitan asegurar la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes en la inserción y el acceso al nivel, la permanencia, el logro de aprendizajes de calidad y el egreso en las mejores condiciones posibles”.
Cabe destacar que la propuesta parte de revisar conceptos fundantes, tales como el derecho a la educación, la obligatoriedad de la educación secundaria y sus implicancias, así como también el lugar de la escuela y de los agentes estatales como garantes del derecho a la educación.
