Los datos irregularmente anunciados recientemente por el INDEC de que en diciembre se habría revertido el proceso de deterioro en el nivel de actividad no guardan consistencia con la evolución de la recaudación tributaria. Para la AFIP, los impuestos originados en la actividad interna apenas crecieron en diciembre un 13%, con lo cual no superan siquiera las previsiones de la inflación real. Las evidencias sobre la manipulación se acrecientan cuando el propio INDEC posteriormente informó que en diciembre las exportaciones cayeron un 24% y las importaciones un 11% respecto al mismo mes del año anterior.
Por otro lado, ya se cuenta con información oficial sobre la distribución de recursos de origen nacional a las provincias durante enero. La genéricamente denominada coparticipación, donde también se incluyen otras transferencias automáticas que surgen de asignaciones específicas, constituye la principal fuente de financiamiento para la mayoría de las provincias. En consecuencia, es otro indicador económico clave para observar. Según el Ministerio de Economía, la evolución de los montos transferidos de forma automática desde la Nación a las provincias muestra la siguiente tendencia:
· Hasta octubre del 2008 los recursos de origen nacional a las provincias se incrementaban a una tasa del 30% respecto de igual mes del año anterior.
· En noviembre y diciembre del 2008 los incrementos fueron sólo del 15%.
· En enero del 2009 el incremento observado ha sido de prácticamente el 0%.
Es decir, las provincias recibieron durante enero en concepto de transferencias automáticas un monto similar al que habían recibido un año atrás. Si se compara con el promedio mensual de todo el 2008 se concluye que en enero las provincias recibieron un 8% menos de recursos por transferencias automáticas. Estas tendencias colisionan con las dinámicas observadas en materia de gastos provinciales.
Según el arreglo constitucional de la Argentina, las provincias son las responsables por el financiamiento de áreas claves como la educación básica, la salud pública, la seguridad y la administración de justicia, entre otros. Estas áreas son muy intensivas en mano de obra, al punto tal que los salarios representan, en promedio, más del 60% de las erogaciones. En enero del 2009, las provincias están afrontando una masa salarial, considerando los aumentos salariales del 2008, entre un 25% y un 30% mayor, pero cuentan con la misma cantidad de dinero en concepto de transferencias automáticas de la Nación. Esta precaria situación fiscal resulta visiblemente irreconciliable con demandas salariales en línea con la inflación, es decir, por encima del 20%. Más aun, si la tendencia en la recaudación tributaria no se revierte, ni siquiera la pauta salarial que el gobierno nacional tendría intenciones de promover –que serían del orden del 13,5%– estaría dentro de las posibilidades provinciales.
Un grueso error de análisis es no considerar las particularidades que diferencian a las finanzas provinciales de la nacional. A nivel central, el principal componente del gasto son las jubilaciones, no los salarios. La movilidad previsional tiene a partir del 2009 una regla de ajuste condicionada por la evolución de la recaudación. Además, disfruta de nuevas fuentes de financiamiento gracias a la apropiación de los ahorros del régimen de capitalización sin la correspondiente devolución de los fondos que las provincias habían cedido a la Nación para financiar la creación de dicho régimen. En las provincias, en cambio, la realidad es la opuesta. Su financiamiento depende de las transferencias nacionales (en promedio, más del 40% de sus ingresos corrientes), que no guardan consistencia con la evolución de los gastos provinciales, integrados fundamentalmente por salarios. En un panorama recesivo como el que se plantea para el 2009 las posibilidades de que se vuelva a emitir cuasi-monedas provinciales son altas.
Se pone en evidencia las profundas distorsiones que generan las malas reglas de juego potenciadas durante la bonanza y posibilitadas por los excepcionalmente elevados precios internacionales. La centralización de recursos públicos en el nivel nacional, cuando las principales funciones sociales están en las provincias, genera una doble vía de dilapidación. A nivel nacional, porque el exceso de recursos induce a montar estructuras burocráticas y clientelísticas, subsidios cruzados y otras acciones de dudosa rentabilidad social. A nivel local, porque la insuficiencia de recursos lleva a la creación de más impuestos distorsivos y a que el grueso de las energías locales se asignen a “mendigar” recursos en la Nación en lugar de mejorar la gestión de los pocos y deteriorados servicios que ofrecen.
