(DIARIOC, 06/04/2010) Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los establecimientos que tienen contrato vigente con el PAMI, centenares de actuaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y las inspecciones realizadas por los organismos que se ocupan de fiscalizar las residencias para adultos mayores, ponen en tela de juicio el estado de los geriátricos donde se alojan unos veinte mil ancianos en todo el país.
“Algunos son auténticos morideros donde se deposita a los abuelos sin la debida atención médica y expuestos al peligro de edificios que no están en condiciones de albergarlos”, aseguró Eugenio Semino, especialista en gerontólogía y ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, quien aportó una cifra escalofriante: sólo en el área metropolitana existen unos 600 hogares asistenciales “truchos”, sin habilitación ni ningún tipo de control estatal, donde unos 5.000 ancianos están librados a su suerte.
De acuerdo a las inspecciones, en el 78 por ciento de los establecimientos se detectó “ausencia de seguridad contra incendios y uso de materiales ignífugos”, “inseguridad para la integridad física de los pacientes en el 56 por ciento de los casos” y “falta de baño adaptado para el uso de personas discapacitadas en el 40 por ciento de los lugares inspeccionados”.
Según las propias auditorías del PAMI, más del 80 por ciento de los establecimientos prestan un servicio “malo” o “regular”. Sólo en el último año, el Instituto de Jubilados y Pensionados tuvo que suspender o dar de baja a 112 geriátricos que no cumplían con las normativas vigentes.
“El problema principal es la ausencia de camas, no hay espacio para alojar a los afiliados”, reconoció a Crítica de la Argentina Federico Susbielles, gerente de Promoción Social y Comunitaria del PAMI a cargo del área Geriatría. El funcionario admitió la gravedad del problema, pero aseguró que durante 2009 “se contrató personal especializado para mejorar los controles de los establecimientos” y anticipó el lanzamiento de un plan para la construcción de dieciséis nuevos hogares de ancianos en todo el país.
EL INFORME DE LA AGN. La Auditoría General de la Nación efectuó una evaluación de la prestaciones geriátricas brindadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) a sus afiliados durante 2007 y 2008. Durante el trabajo de campo, se revisaron los informes de auditoría del propio PAMI correspondientes a los establecimientos geriátricos de las distintas Unidades de Gestión Local de todo el país y se visitaron establecimientos de la Unidad de Gestión Local (UGL) VI-Capital Federal.
{adr}El informe de la AGN es lapidario. “Durante el período auditado se han advertido aspectos críticos en la gestión de las prestaciones geriátricas brindadas por el INSSJyP”. Entre los puntos analizados se destaca que “sobre 457 establecimientos geriátricos que albergan aproximadamente a 14.500 afiliados del Instituto, se observó que en el 57,98% no se realizó ningún control de su planta física”.
Según un informe de la Unidad de Auditoría Prestacional (UAP) que inspeccionó 136 geriátricos para evaluar su calidad prestacional, el 27,20% fueron calificados como “malo” y el 53,68% como “regular”.
Del análisis de los resúmenes de las auditorías practicadas por la UAP, se desprende que las falencias detectadas son “la ausencia de seguridad contra incendios y uso de materiales ignífugos en el establecimiento (78,21% de los casos); la seguridad de integridad física (56,43% de los casos); la falta de baño adaptado para el uso de pacientes discapacitados (39,60%)”.
“Existen establecimientos suspendidos por falencias detectadas que involucran la seguridad de los residentes y que, a pesar de ello, permanecen afiliados del Instituto alojados sin haberse regularizado las observaciones”, detalla el trabajo de la AGN.
El documento resalta además la “existencia de lista de espera de aproximadamente 1.800 afiliados, que representa una demanda insatisfecha del 10% del total de las internaciones”. La AGN expone que “el hecho de no contar con vacantes suficientes para cubrir la demanda de servicios de la totalidad de los afiliados bajo cobertura, no sólo puede generar un trato desigual para los afiliados, sino que tampoco permite alojar afiliados derivados de establecimientos que potencialmente pueden ser dados de baja por incumplimientos”.
FALTA RECURSO HUMANO. El 24 de enero de 2001, cuatro mujeres murieron ahogadas en el sótano de un establecimiento de Belgrano R, durante una inundación. En febrero de 2005, un incendio dejó tres muertos y 29 heridos en un geriátrico de Quilmes, donde había una sola enfermera para cuidar a 32 ancianos. “En ambos casos se puso de manifiesto el principal problema que tienen los hogares para ancianos: la falta de recurso humano”, explicó Semino. Sin embargo, no es el único inconveniente del que se quejan los jubilados. “Recibimos unas diez denuncias semanales por problemas en la estructura edilicia, por la cantidad y la calidad de la alimentación que reciben los viejos y por la falta de insumos”, acotó el especialista.
Para el defensor de la Tercera Edad “el problema se agrava en el área metropolitana”. Según los datos que aporta el organismo, sólo en la ciudad se calcula que hay unos 600 geriátricos clandestinos, donde están alojados unos 5.000 ancianos. “Hay algunos que son verdaderos morideros” opinó.
A mediados de 2009 un juzgado de familia de Capital dispuso la evacuación de un geriátrico ubicado en la calle Primera Junta, del barrio de Flores. Semino participó de las evacuaciones. “Había 19 ancianos internados, la mayoría estaban escarados y desnutridos, algo que lamentablemente es una constante en este tipo de instituciones que no están adecuadas a la ley” relató.
La ley 661 de la Ciudad de Buenos Aires determina que los establecimientos que brindan atención gerontológica “deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e higiene de los residentes”.
La norma exige, además, la visita periódica de por lo menos ocho profesionales especializados. En los geriátricos ilegales, nadie controla que todo esto suceda. “Por su carácter clandestino, es muy difícil encontrarlos, pero no tenemos dudas de que existen”, confiaron fuentes de la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para las Personas Mayores, un ente tripartito que conforman la Dirección de la Tercera Edad y los ministerios de Salud y de Gobierno porteños. El ente clausuró unos 100 geriátricos en los últimos tres años. Aunque lo peor viene después de una clausura: “Hay que intentar ubicar a los ancianos, una tarea muy difícil por la falta de camas existente”, puntualizó Semino.
PROBLEMA INTEGRAL. Para el ombudsman de la Tercera Edad la situación está aún peor que hace dos años, cuando se realizó la auditoría de la AGN. “Pero el problema no sólo atañe a los prestadores de PAMI sino a toda la actividad en general. Por ejemplo, las obras sociales y prepagas están eximidas por la ley de emergencia sanitaria de brindar prestaciones geriátricas. Y el PROFE, que debería asistir a 900 mil personas discapacitadas y ancianos sin cobertura, no pagó durante 2009 y sus prestaciones están interrumpidas”, relató el funcionario.
“Esta situación lleva a aumentar el índice de clandestinidad porque alguien sin cobertura y que no tiene los 3.000 mensuales necesarios para costear los gastos mínimos que insume una institución privada, cae en el circuito trucho, donde los valores son muy inferiores. Mientras el jubilado está sano, no pasa nada, pero empieza a complicarse cuando el estado de salud del anciano se deteriora y no recibe la atención adecuada”, finalizó Semino.
Fuente: criticadigital.com.ar
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Jueves 18 de Abril de 2024
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