A las pocas horas, la gobernación dio a conocer oficialmente que ese monto será incrementado inclusive más que lo requerido por los padres, como una forma de incentivar a posibles testigos o cómplices de la sustracción de la pequeña.
Las autoridades fueguinas aclararon también que notificarán de la medida al juez de Río Grande Eduardo López, a cargo de la investigación, a la vez que garantizaron protección para la persona que acerque información relevante para el caso.
Los familiares de Sofía pidieron a los hipotéticos informantes que “no tengan miedo y por favor hablen” porque “su nombre será mantenido en reserva y no se publicará en ningún medio”, dijeron en declaraciones difundidas por la Secretaría de Comunicación del gobierno fueguino.
“Creemos que aumentando la recompensa vamos a obtener algún resultado”, confiaron los padres e insistieron en que “Sofi está viva y alguien la tiene”.
En relación con la causa judicial, los progenitores adelantaron que el juez López se propone realizar un nuevo rastrillaje en las inmediaciones del camping John Goodall, situado a 60 kilómetros de Río Grande, donde desapareció la niña hace casi dos años y cinco meses.
La medida se cumplirá en marzo, y tiene por objeto “descartar que mi hija fue abusada o asesinada”, explicó Herrera.
Los padres se quejaron además de los pocos efectivos policiales que continúan abocados al caso, aunque mencionaron que la gobernadora tomó nota del reclamo y se mostró “predispuesta a ayudarnos” y prometió intervenir.
En tanto, la secretaria de Gobierno, Eleonora De Maio, sostuvo que el gobierno “colaborará con el proceso judicial en todo cuanto haga falta”.
Los funcionarios recordaron que cualquier información sobre el paradero de Sofía puede hacerse saber a través de la línea telefónica gratuita 0800 222 7634 (SOFI) o mediante el sitio web (www.sofiaherrera.com.ar).(Telam)
