Con esta medida, Salud avanza un paso con respecto a la gestión de Ginés González García, quien en 2007 diseñó una guía similar. En este caso, hay importantes modificaciones respecto a la "no judicialización" de los casos: "Es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el caso encuadra en las previsiones de no punibilidad contempladas en el Código Penal", dice el documento.
Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, dijo esta mañana al diario La Nación que "el fin de esta guía es dar claridad desde el Estado a los profesionales de la salud y preservar a las mujeres cuando deben ser asistidas".
La medida ya es resistida por algunos sectores. Christian Hooft, abogado y vicepresidente de ACIERA, señaló que "esto es legalizar el aborto de hecho y por una vía administrativa" mientras que el constitucionalista Gregorio Badeni opinó que "es inviable, tiene que existir una prueba fehaciente de que existió la violación", explicaron al matutino.
Por su lado, el viceministro de Salud, Máximo Diosque, defendió la iniciativa al resaltar que ésta es "una realidad que ya está legislada, pero que, frente a un notable desconocimiento, (los casos) se judicializaban, terminaban siendo noticia y se provocaban tremendas demoras".
Tras el intenso debate por el matrimonio de personas del mismo sexo, organizaciones sociales pidieron avanzar en medidas que habiliten la interrupción libre de los embarazos pero, al menos por ahora, la presidenta Cristina Fernández reconoció que no sería tomada en cuenta.
