Sin embargo, la implementación plantea dudas sobre su efectividad y cuestionamientos por las limitaciones para utilizar el servicio.
La autora del proyecto de ordenanza, Gloria Sotelo, argumentó: "padres, docentes y gobernantes debemos adoptar medidas de seguridad para evitar que se utilice este medio para la corrupción de menores, el tráfico de niños u otras formas de subversión de valores morales y éticos en nuestra sociedad". (Télam).-