El predio está ubicado en Ministro Rivadavia, la zona rural del partido de Almirante Brown a unos 29 kilómetros al sudoeste de la capital federal, donde existe una fuerte presión inmobiliaria sobre los agricultores familiares, huerteros y criadores de animales de granja, quienes reciben visitas de abogados de supuestos dueños de los campos.
"Con nosotros hubo una escalada. Vinieron sin orden judicial y rompieron todo. Durante semanas encontramos animales muertos bajo los escombros de la casa. Además, perdimos un cerdo de 400 kilos y de las 200 gallinas que tenía me robaron más de la mitad", dijo a Télam el curtido Velázquez.
El hombre agregó que el 2 de diciembre pasado una patota policial sin uniforme aterrorizó a su familia: "Me pegaron, me arrastraron y lo mismo hicieron con mi mujer y mis hijos, que son menores. Además nos metieron presos y todo para que nos vayamos, pero tenemos derecho a la tierra y la voy a pelear para mis hijos".
"Perdimos un cerdo de 400 kilos y de las 200 gallinas que tenía me robaron más de la mitad"
Las denuncias del agricultor familiar apuntan a la comisaría 4º de Longchamps, a la que señala como la mano de obra que ejerció la violencia, sostenida por intereses inmobiliarios que buscan el desarrollo de barrios cerrados para a sectores sociales pudientes, vinculados con facciones políticas.
Custodiados las 24 horas por un móvil con personal policial de civil, los Vélazquez ingresan al campo sólo para dar de comer a los cien cerdos que les quedan, las ovejas, cabritos y un ternero, mientras que los patos y gallinas, bien domésticos, ya se trasladaron a la calle donde la familia acampa sin luz, sin agua y sin baño.
"Tengo prohibido realizar cualquier trabajo como carpir o regar en las parcelas de cítricos, duraznos, sandía, melón y hortalizas", se lamentó el jefe de familia que pese a las condiciones en las que está viviendo junto a su esposa e hijos, se muestra sereno y convencido de que recuperará su modo de vida.
Velázquez señaló que la municipalidad de Almirante Brown brilla por su ausencia. "Nadie vino a ver cómo estamos pese a que todo el mundo sabe que me desalojaron y que hay menores", dijo, pero cuenta con el acompañamiento del Frente Agrario Evita, que impulsó un festival de apoyo en Longchamps, y hay un incesante desfile de productores de la zona.
También se realizaron gestiones ante la provincia de Buenos Aires y ante la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF) por el campo de ocho hectáreas, pegado al Aeroclub Longchamps, donde se realizan actividades deportivas que incluyen paseos en parapente.
Las gestiones incluyeron una visita al bloque del Frente para la Victoria del Concejo Deliberante -que está dominado por ediles del Frente Renovador-, con quienes Velázquez compartió la necesidad de cumplir con una ordenanza del 2012 que declaraba de interés social la "regulación dominial de las tierras ocupadas por productores rurales pequeños de Ministro Rivadavia".
Ese instrumento legal, sin embargo, fue superado el 17 de diciembre por una ley de alcance nacional, la de Agricultura Familiar, que en su artículo 19 suspende desalojos y ordena "priorizar soluciones inmediatas para garantizar la permanencia y el acceso a la tierra".
Fuente: Télam
