En el fallo, los jueces Claudio Bernard, Juan Carlos Bruni (h) e Inés Siro descartaron la "legítima defensa" alegada por el imputado, basado en la inseguridad reinante, en que estaba atemorizado ante la escalada delictiva y por la posible presencia de su mujer en la casa.
En el veredicto se tomó en cuenta contra el acusado, un vendedor de diarios de 66 años, que éste alteró la escena del crimen, al "guardar el arma utilizada, cargar los cuerpos en su auto por la noche y arrojarlos en el arroyo El Gato", circunstancia que "demarca una conciencia de haber actuado en franca violación de la normativa penal".
"Mas allá del shock que dijo lo embargaba, toda acción posterior al hecho da cuenta de una clara intención de asegurar su impunidad, de desvincularse y ello requiere de una mente fría y despejada", se precisó en la resolución.
En su voto, el presidente del Tribunal, Bernard, destacó que "no escapa a la realidad cotidiana que lamentablemente en estos tiempos los organismos que deberían velar para resguardar nuestros derechos son impotentes e ineficaces en la tarea de prevención de delitos".
Pero a pesar de ello, el juez destacó: "debemos tener presente que la legítima defensa no es una licencia para matar, sino el medio para protegerse de un ataque inminente a nuestros derechos esenciales que no pueden ser resguardados en forma inmediata a la agresión por la autoridad".
Según destacó en su edición de la fecha el diario El Día de esta ciudad, en su voto, que contó con la adhesión de los otros dos jueces, se descartó también la posibilidad de que el caso sea encuadrado en un exceso de la legítima defensa, porque el imputado Angel Ernesto Pacheco "se colocó ex profeso en esta situación a fin de acometer violentamente contra los dos jóvenes".
En el juicio quedó demostrado que el imputado llegó a su casa en las primeras horas del primero de diciembre de 2006, luego del reparto de diarios, y encontró las luces encendidas y con gente en el interior.
También se señaló que ante esa situación Pacheco tomó una pistola que guardaba en el gabinete de gas, entró y disparó sobre los dos jóvenes, causándoles la muerte.
Según la autopsia, una de las víctimas recibió tres balazos, y la otra, uno.
El Tribunal encuadró legalmente el caso como "doble homicidio calificado por el uso de armas".
La defensa, a cargo del Doctor Oscar Bertero, había planteado que Pacheco actuó en legítima defensa, ante una situación desesperada, al ver que estaba en peligro todo lo que había ahorrado en su vida, los bienes que había en su casa, entre ellos dos motocicletas que había comprado para el reparto de diarios.
También recordó que Pacheco en el juicio contó que había sufrido una serie de robos, uno de ellos 15 días antes de este caso, y que por ello le había escrito una carta al por entonces gobernador Felipe Solá.
Por su parte, la doctora Siro, además de compartir el criterio de sus colegas señaló que "los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad y somos conscientes de que la inseguridad no es una mera sensación sino una realidad tangible con la que convivimos, pero ello no autoriza a que los particulares nos apartemos del sistema y permitirnos realizar justicia por mano propia".
En definitiva, los jueces entendieron que Pacheco en la emergencia debió quedarse fuera de su casa y llamar a la Policía.
No le creyeron al imputado cuando dijo que actuó porque pensó que su mujer estaba adentro, ya que según su declaración en el juicio, cuando llegó al lugar el triciclo de reparto de su señora no estaba y eso era un claro indicador de que ella no había llegado.
El Tribunal además descartó la posibilidad de que los jóvenes estaban por atacar a Pacheco y por ello se defendió, ya que según narró el propio imputado los ladrones estaban "sustrayendo y buscando objetos de valor", y por ello los magistrados descartaron la posibilidad de que los dos menores en ese momento hayan intentado atacar a Pacheco apuntándole con armas de fuego.
Fuente/ 26noticias.com.ar
