El pedido fue realizado por la Defensoría General de la Nación, la asociación Pensamiento Penal, la dirigente socialista Vilma Ripoll y Perla Prigoshin, coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG).
Los amicus curiae -amigos del tribunal- presentados por las distintas organizaciones públicas y privadas, a los que tuvo acceso Télam, solicitaron que se considere el contexto cultural de la mujer, las desigualdades sociales y de género, y pidieron su liberación.
En marzo de 2011, Carolina, de 3 años, la anteúltima hija de los 12 que tuvo Ovando, de 37 años, comenzó a quejarse por fuertes dolores de estómago por lo que la madre la llevó en brazos intentando llegar a un centro de salud.
Cerca de la ruta 12, distante 5 kilómetros de su casa ubicada en el paraje Puerto Mado, la niña murió y la mujer la enterró. Cuando la policía comenzó a indagar por la desaparición de la niña, ella reconoció que se murió en el camino, que se asustó y decidió sepultarla en el lugar y no decir nada a su familia.
"Mujer, madre adolescente, familia numerosa, desempleada, sin escolarización, víctima de violencia de género, humilde, son todas las características que pueden predicarse de la señora Ovando", dice el informe presentado por la Defensoría General de la Nación.
Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes tienen a cargo la defensa de la mujer, confirmaron a Télam que también se sumó al expediente un informe sociocultural realizado por la antropóloga social Lidia Schiavoni y por la especialista en género, Claudia Lascano.
"Ella estuvo y está desamparada, no interpela al Estado porque no se siente ciudadana", afirmó el abogado que también consideró que "sería muy importante que alguna vez la Corte Suprema siente doctrina sobre casos como estos".
Los amicus relatan, en base a la lectura del expediente judicial, que está demostrado que la familia era visitada por operadoras de salud del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Delicia 4.
Los representantes del centro de atención "pudieron constatar la extrema pobreza en que vivía el grupo familiar" y también "problemas de salud en algunos/as hijos/as de María Ramona relacionados con las carencias de alimentación adecuada y la falta de acceso al agua potable, y que varios de sus hijos -entre ellos Carolina- estaban indocumentados", dijo la Defensoría.
Luego aseveró que "nunca tuvo contención social y ayuda económica para paliar el estado de pobreza y marginalidad" y que "los organismos estatales no fueron eficaces para gestionar y obtener los planes y programas disponibles".
"El único documento que tuvo María en su vida es la partida de defunción de su hija", confirmó Paredes, situación que también es relatada en las distintas presentaciones ante el tribunal, al señalar que la carencia de identificación dificultaba, aún más, el acceso a planes y programas sociales.
Además, los amicus resaltaron que los hijos de María viven separados "no surgiendo de autos la existencia de posibilidades de reunificación de la familia ni de contactos entre ellos" y desde que está con prisión preventiva "nunca pudo tomar contacto con los chicos", confirmó el abogado.
El juicio se iniciará el lunes próximo a las 8.00, en la ciudad de Eldorado y se espera que dure tres días.
Fuente: Télam
