Según el informe anual que el Congreso norteamericano le pide al Departamento de Estado de los EEUU, América Latina es el lugar más elegido por los tratantes para traficar con hombres, niños y mujeres, a los cuales se somete a situaciones clandestinas e insalubres de vida.
El informe al que accedió Infobae.com especificó que "Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso".
Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. Entre ellas se destaca la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil, la cual "constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay".
Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de países como Paraguay, Bolivia y Perú, y en menor grado de Brasil y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina, donde, además, se obliga a ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país a someterse a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios.
Ante ese panorama, dice el escrito norteamericano, "el gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido".
Es que durante 2010 el Gobierno "identificó un número récord de víctimas de la trata que incluyeron una importante cantidad de víctimas del trabajo forzado".
Además, se incrementaron las acciones judiciales y condenas de los tratantes y se subvencionaron diversos refugios para las víctimas de la trata, algunos de los cuales fueron inaugurados durante el período en cuestión.
No obstante ello, destaca el informe, "la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas; los servicios especializados continúan siendo dispares en todo el país y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la "supuesta complicidad de algunos funcionarios" en el ámbito local y nacional "impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata".
El marco legal y persecución penal en Argentina contra la trata de personas
La ley argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince años, según los agravantes. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y equivalentes o superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación.
La actual ley de combate contra la trata permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad, aun cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción.
En febrero de 2011, las autoridades argentinas anunciaron que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas de trabajo forzado, un notable avance que puede disminuir la presión sobre las víctimas de trata por iniciar acciones legales mediante la presentación formal de una denuncia contra las personas que las sometieron a la trata.
El único caso de delito relacionado con trabajo forzado que la Justicia concluyó desde la aprobación de la ley de combate contra la trata de personas en 2008 resultó en absolución. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas durante los allanamientos llevados a cabo en investigaciones de trata.
En 2010, las autoridades realizaron 107 investigaciones preliminares y a fines de 2010, existían 78 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país.
Durante el período que cubre este informe, la Justicia logró condenar a 15 personas relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con penas privativas de la libertad que fueron de 2 a 15 años. Esto representa un aumento significativo en la cantidad de condenas con respecto al año anterior, en el que las autoridades informaron sobre tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, con sentencias que variaron entre cuatro años de arresto domiciliario a 10 años de cárcel.
Además, destaca que las autoridades argentinas buscaron asociarse con gobiernos extranjeros, como el de Paraguay, para investigar varios casos de trata. Este hecho llevó al gobierno argentino a capacitarse en temas de trata de personas y asistencia a la víctima para funcionarios judiciales, las fuerzas de seguridad y otros funcionarios.
Sin embargo, los investigadores opinan que "se necesita intensificar la capacitación de funcionarios en temas relacionados con la investigación y el procesamiento adecuados de los delitos de trata así como también con la manera de identificar y asistir a las víctimas".
Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. De acuerdo a lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes.
En 2010, el jefe de la unidad antitrata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la Ufase (Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas) realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la policía de Buenos Aires en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de ellos se explotaban niños.
En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado -destaca el texto- no se procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.
Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del gobierno, que cuenta en Buenos Aires con un equipo interdisciplinario compuesto por diecinueve personas, brindó asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas, tales como acceso a servicios legales, médicos y psicológicos. Durante 2010, esta oficina informó haber salvado y asistido a 569 víctimas de la trata, de las cuales más del 80% era adulto.
"Las autoridades argentinas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes; sin embargo, algunos funcionarios informaron sobre deficiencias en la protección brindada a las víctimas que declaran en causas de trata. Si bien la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de brindar asistencia a las víctimas de trata luego de que hayan colaborado en los procesos judiciales, los esfuerzos de reintegración brindados a las víctimas fueron limitados", añade el informe anual norteamericano que investiga la trata de personas en América Latina.
También especifica que "el gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada" y destaca que "el gobierno no posee un plan nacional contra la trata", por lo que estima que las autoridades conservan una mesa redonda para debatir sobre el tema.
La Ufase publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2010 y la Oficina de Rescate publicó en varias oportunidades estadísticas a través de la agencia nacional de noticias.
Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires estableció un comité de lucha contra la trata; además, diversas ONG manifestaron que la coordinación insuficiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales seguía obstaculizando la efectividad de los esfuerzos contra la trata de personas como así también la limitada o inexistente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata.
Finalmente, alerta que el Código Penal argentino no prohíbe específicamente el turismo sexual infantil, aunque sí prohíbe mantener sexo con menores. "El gobierno no informó haber investigado, procesado o condenado a ningún ciudadano argentino por delitos de turismo sexual infantil en el exterior".
"El gobierno brindó capacitación para el combate a la trata de personas a tropas argentinas previo a su despliegue en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos para reducir la demanda del comercio sexual", concluye. (Infobae)
