El litigio entre el Estado y esa empresa se originó en 1996, durante el gobierno de Antonio Domingo Bussi, y terminó con la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas. Luego, la empresa responsabilizó al Gobierno provincial de haber alterado un convenio pactado por un lapso de 30 años. Finalmente, el 10 de agosto pasado se conoció el veredicto del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial, que rechazó un planteo de nulidad que había promovido Argentina en 2007. El país había realizado la presentación tras un laudo adverso en la causa impulsada por el grupo francés Vivendi, que controlaba a Aguas del Aconquija. La compensación que debería pagar la Provincia a la empresa de capitales franceses es de unos U$S 170 millones.
Si bien la Procuración General del Tesoro de la Nación ya presentó un reclamo contra la condena del Ciadi, los denunciantes piden que se investigue el accionar que tuvieron los gobiernos provinciales desde la privatización del servicio de agua y cloacas: las gestiones de Ramón Ortega (1991-1995), de Bussi (1995-1999), de Julio Miranda (1999-2003) y de Alperovich. Respecto del actual mandatario, cuestionaron que desde su asunción no efectuó "gestiones importantes tendientes a modificar el cuadro de situación del laudo arbitral de 2007, confirmado el 11 de agosto pasado".
