El letrado indicó que la denuncia alcanza al gobernador José Manuel de la Sota; al ex mandatario provincial, Juan Schiaretti; al jefe de Gabinete de la provincia y ex ministro de Salud, Oscar González; al director de Salud Mental, Osvaldo Navarro; al actual ministro de Salud, Carlos Simon y a Guillermo Tomas, director del Hospital Domingo Ceballos de Bell Ville.
Nayi, precisó que la denuncia también recayó sobre el juez de Ejecución Penal de Córdoba, Arturo Ferreyra y del fiscal de Instrucción de Bell Ville, Oscar Aliaga, "y contra todo funcionario con grado de responsabilidad".
El letrado recordó que el 10 de octubre del año pasado, "habíamos hecho una denuncia, cuando la situación no era tan grave, donde poníamos en conocimiento toda esta situación y desde ese dia hasta la fecha, lejos de tomar las medidas necesarias para hacer cesar esta flagrante violación a los derechos humanos, se asumió una actitud de indiferencia y luego vino la muerte y otra muerte y las violaciones".
Nayi indicó que en la Colonia Alborada del hospital regional, hay 267 internos "de los cuales 104 son judicializados y de ellos 35 tienen causas penales por delitos graves, como homicidios o abuso sexual con acceso carnal, por lo que representan un peligro para sí y para terceros, porque hacen lo que quieren con otros internos, porque conviven con gente que tienen el más alto nivel de vulnerabilidad".
Relató que las salas de contención son "celdas con muros malolientes, donde los internos orinan y defecan en el piso, se ve a pacientes desnudos, mujeres rapadas e inclusive los mismos profesionales son víctimas de la agresión de algunos pacientes judicializados".
"Ya debería estar la solución que sería la clausura (del lugar) y la derivación de los pacientes a otros centros y espero que sea así, si no es grave", opinó de los tiempos judiciales.
Para el abogado, "hoy por hoy la palabra la tiene la justicia", pero aclaró que "esto debió ser solucionado por el poder político", cuando se hizo tomar conocimiento sobre lo que sucedía el año pasado, porque "estamos hablando de la salud" que es responsabilidad del Estado provincial.
Como se recordará, la legisladora en su denuncia penal, reclamó por "el estado de desamparo material y/o moral en que se encuentran cientos de pacientes que padecen trastornos mentales y que están en situación de riesgo con problemas de salud mental".
Montero añadió en la denuncia que estos pacientes "son objeto de destrato, abusos sexuales, violación de los derechos humanos, víctimas de hacinamiento no compatible con la condición humana, con riesgo para la salud física, psíquica y la vida misma de estas personas, frente a la actitud de indiferencia de la clase dirigente y los funcionarios con grado de responsabilidad.”
También señala que las condiciones de internación de los pacientes, "violan expresas disposiciones normativas, no recibiendo una atención sanitaria, social integral y humanizada, atentando contra la integración familiar, laboral y comunitaria de estas personas".
Fuente: Telam
