El comunicado, suscripto también por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, indicó que "en muchos casos la trata de personas entraña también la corrupción de los funcionarios estatales".
Y advirtió que tanto fuerzas de seguridad como inspectores municipales "suelen recibir dinero o dádivas a cambio de permitir la continuidad del negocio ilegal y por eso resulta difícil desarmar el entramado de complicidades".
"Sin embargo -continuó la nota- resulta inconcebible que a más de veinte años del retorno de la democracia la impunidad reine frente a la justicia y la garantía de los derechos para los más desprotegidos".
"Esta es una desgracia que nos une, entonces tenemos que buscar estrategias para que esta lucha tenga continuidad", indicó a Télam Carlotto al hacer referencia al repudio unánime de todos los sectores políticos contra el fallo.
La presidenta de Abuelas recordó que "en los primeros años del retorno de la democracia nosotras estábamos un día discutiendo con un juez y yo le dije: ´usted lo que tendría que hacer es...´, enseguida me cortó y me respondió: ´usted no le puede decir lo que tiene que hacer a un juez de la nación´".
"Hay que cambiar esta idea de que lo que dicen es supremo, que son intocables, quizás esto que pasa hoy sirva para empeñar al pueblo en esta demanda masiva", añadió.
Carlotto, quien refirió a la necesidad de un cambio cultural, también remarcó la importancia de "la formación en derechos humanos de las fuerzas armadas y de seguridad, que han cometido en la historia los crímenes más atroces y que en algunas provincias todavía lo siguen repitiendo".
"Se vive pidiendo la independencia de los poderes, está muy bien, pero fíjense acá. La justicia fue independiente pero faltó a la verdad, se corrompió", dijo a su turno la vicepresidenta de Abuelas, Rosa de Roisinblit, en una ronda de diálogo posterior a la lectura del documento que contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
Por su parte, Laura Conte del CELS, señaló que "este fallo es un dolor inmenso para la sociedad, pero fue esperado y anunciado porque sabemos que hay corporaciones dentro de la justicia en connivencia con el delito".
"¿Cómo puede ser que la justicia no sea permeable al enfoque de género que hoy está en gran parte de la sociedad", se preguntó Conte y enfatizó: "es momento de poner un límite".
A su turno, Fresneda indicó que "es penoso que un tribunal sea tan indiferente al dolor del pueblo" y aseguró que "este fallo deja al desamparo no sólo a Susana Trimarco y a Marita Verón sino a todas las víctimas de trata".
"Es necesario promover un debate en torno a qué justicia queremos -señaló- lo importante es que comencemos en los distintos espacios a pensar cómo ´democratizar la justicia´ como dijo ayer la Presidenta".
Al remarcar que "los jueces perduran en el tiempo en forma indeterminada y promueven sus propios mecanismos de control", Fresneda invitó a "discutir ideas, están los tribunales populares, por ejemplo, son muchas la alternativas, pero tenemos empezar a debatir".
Además el comunicado fue apoyado por otras organizaciones como la Liga por los Derechos del Hombre, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Fuente: Télam
