Luciano Fernández, secretario de ATE Capital y querellante en la causa por la represión del Borda, aseguró a Télam que "Giménez tiene que renunciar porque no puede estar al frente de una fuerza de seguridad y procesado en una causa por apremios ilegales y vejámenes".
El comisario inspector Giménez, quien está al frente de la Metropolitana desde fines del 2011, fue procesado sin prisión preventiva por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal 30 Jorge López, en la causa iniciada a raíz del operativo llevado adelante por efectivos policiales en los terrenos del hospital neuropsiquiátrico .
El dirigente de ATE agregó que "pedimos que el ministro Montenegro se ponga a disposición de la Justicia tras el procesamiento de su jefe de policía y al juez López, que entiende en la causa, que llame a declarar a los responsables políticos de lo sucedido ese día, que son María Eugenia Vidal y el propio ministro de Seguridad".
Por su parte, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Gabriela Alegre, señaló que "Giménez debería renunciar porque es la Constitución de la Ciudad la norma que dice que no puede estar en la función pública quien está procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública".
"Tampoco queremos que se olvide lo que pasó aquel día en el Borda y quienes fueron los responsables", afirmó la diputada en alusión a la represión que llevó adelante la Policía Metropolitana contra trabajadores del centro de salud, y sobre pacientes, periodistas y hasta diputados porteños, que resistían el desalojo de un taller protegido para comenzar con las obras de un Centro Cívico que funcionaría como sede del Ejecutivo, emprendimiento que no prosperó.
El diputado nacional Horacio Pietragalla, en tanto, exigió "una sanción política" para el jefe policial y que "las autoridades del Gobierno de la Ciudad corran a este sujeto y que la justicia avance"; en tanto que el diputado Pablo Ferreyra abogó por "una política de seguridad con un basamento que respete los derechos humanos y que busque el diálogo y el consenso frente a los conflictos sociales".
El 26 de abril de 2013, unos 400 efectivos de seguridad ingresaron al hospital Borda antes del amanecer para garantizar que una empresa contratista pudiera tirar abajo el edificio del taller protegido 19, donde los pacientes realizaban talleres de oficios.
Trabajadores, pacientes, familiares de pacientes y militantes sociales y sindicales se presentaron en el lugar para impedir la demolición y fueron reprimidos con gases, balas de goma y palazos.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Manuel Tufro, investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS; Marcelo "Nono" Frondizi, delegado de ATE en el Borda; y los diputados Gabriel Fuks, Lorena Pokoik y y Paula Penacca.
Fuente: Télam
