En los fundamentos, las legisladoras sostienen que "quienes se desempeñan en este tipo de actividades en la vía pública, son personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social".
La presidenta del bloque del FpV de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Alegre, sostuvo que "la política represiva que persigue a los cuidacoches discrimina y estigmatiza a gran parte de ellos, quienes ejercen una actividad de mera subsistencia".
Asimismo, dijo que "el proyecto del PRO apunta a prohibir la actividad y desligarse de la responsabilidad del Estado de atender las situaciones de vulnerabilidad".
"Es por eso que nuestra propuesta es organizar el uso del espacio, armonizar intereses y brindar un marco regulatorio", y además propone "sanciones para los casos de incumplimiento".
Por su parte, la diputada Neira, quién actualmente se desempeña como Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña, expresó que "el PRO plantea prohibir los ´trapitos´ porque le resulta más fácil que intervenir desde el Estado para ordenar y controlar estas actividades".
"Prohibir no es solución: quienes quieren delinquir y lo hacen a través de estas actividades se irían a buscar otra actividad que les permita robar", dijo.
"En cambio -agregó-, los que pagarán el costo son las personas que encuentran en esta actividad un rebusque de subsistencia".
Las diputadas coincidieron en que el Estado no puede desentenderse de la situación de los jóvenes que ejercen estas actividades, y es por ello que el proyecto prevé la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Tendrán prioridad para inscribirse en el registro los jubilados y pensionados, los adultos mayores sin beneficio previsional, las personas que padezcan algún tipo de discapacidad, aquellas que integran familias numerosas, o en las que alguno de sus miembros padezca algún tipo de discapacidad, las jefas de hogar y las personas en situación de calle.
Asimismo, la ley determina que en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas, se podrá revocar el permiso otorgado; además, impone sanciones por cuidar coches sin autorización y con penas agravadas para aquellos que participen de su organización.
Fuente: Télam
