En la exposición de fundamentos, el senador por el departamento Capital destacó la necesidad de mejorar el acceso al empleo y posibilitar “la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y/o regular en el ámbito público y/o privado” para las personas que padecen una discapacidad. Asimismo, se puso énfasis en la promoción de “la superación de las aptitudes, las competencias y actitudes” de las personas contempladas en la norma nacional “de acuerdo a los requerimientos de los mercados laborales locales”.
De igual modo, el proyecto se propone “impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los Organismos Responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad”.
Fondos
Según contempla el texto legal al que los senadores dieron curso, el régimen “será administrado por la autoridad de aplicación, con los créditos presupuestarios que se contemplen en los presupuestos de la Administración Pública Nacional y, en su caso, de los gobiernos provinciales, bajo los principios de corresponsabilidad, coparticipación, cooperación y coordinación, para garantizar su funcionamiento eficaz y homogéneo en todo el territorio nacional”, con lo que la adhesión –de ser aprobada por la Cámara baja-, traerá como consecuencia el aporte de la Nación en el financiamiento para llevar adelante las acciones que impliquen la ejecución de los objetivos expresados en la norma.
