Según los estudios del organismo, entre 1950 y 1980 había cerca de 50 fábricas y 150 marcas de armas de calibres bajos, como el 22, el 32 y el 38, que podían adquirirse sólo con la presentación del documento de identidad.
"Todas esas armas son las que voluntariamente están entregando los ciudadanos. Entre el 70 y el 80% de las armas que se entregan en el Desarme o que son secuestradas por las fuerzas de seguridad, son de industria argentina y de calibres bajos", informó Molle.
A través del plan de desarme las personas de manera anónima y voluntaria entregan sus armas en los puestos fijos y móviles que tiene el Renar, y el Estado les retribuye con una compensación económica.
El 25 de marzo pasado, el organismo anunció una modificación de esa compensación que ahora va de 500 a 2.000 pesos, según tipo y calibre del arma entregada voluntariamente.
El objetivo del desarme es reducir la circulación de armas y destruirlas lo que se logra gracias a la Ley 26.218, que también actualiza la amnistía que permite a la persona realizar la entrega del arma en forma anónima.
Según datos de la cartera de Justicia, el año pasado en el partido bonaerense de Campana, en un solo operativo se concretó la destrucción más grande desde que se inició el programa: 40.000 armas.
La iniciativa, que surgió de la sociedad civil y fue impulsada en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, recibió el premio "Política del Futuro 2013", de parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas (Unoda), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego continúa hasta el 31 de diciembre de 2015, gracias a la prórroga que le otorgaron las Cámaras de diputados y senadores.
Fuente: Télam
