En tal sentido el la Fiscalía de Estado, a cargo de Guillermo Dalla Lasta, informó que en el día de ayer el Poder Ejecutivo ya remitió la convocatoria a extraordinarias, únicamente para el tratamiento de este tema. Cabe destacar que es solo facultad del Gobernador el llamado a extraordinarias, en este caso para solicitar el tema de la expropiación del asentamiento el barrio Santa Marta.
En las primeras horas de hoy el proyecto de ley ya ingresó en la legislatura con una serie de documentación como planos para expropiación, planos satelitales de ubicación del terreno y otros informes de organismos como la dirección General de Rentas y Catastro con la evaluación fiscal y el jueves se le dará tratamiento.
Asimismo se hace un llamado a las familias para darles tranquilidad al respecto ya que es voluntad del gobernador darle una solución definitiva a esta cuestión.
En el escrito del pedido de tratamiento se resalta que la situación de las familias debe ser paliada por el gobierno provincial en cumplimiento de lo fines sociales que se impuso como objetivo al asumir su mandato.
Por ello, en virtud de lo normado por la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y articulados de la Carta Magna provincial, se impone la necesidad primaria de resguardar la vida humana y la integración del grupo familiar como valor supremo, los cuales se superponen a los derechos de propiedad privada de un particular que goza de una menor jerarquía y privilegio.
Cronología de los hechos
Los inconvenientes con los terrenos, donde actualmente se asienta el barrio Santa marta datan de diez años atrás cuando un grupo integrado por 26 familias usurparon dichos terrenos y con el paso de los años, las familias que construyeron sus viviendas, alcanzó el número de 800.
Cuando comenzaron a surgir los inconvenientes se habló en principio de una expropiación y finalmente nunca se alcanzó un acuerdo entre las partes.
Posteriormente, y esto fue hasta mediaos del año 2005, hubo instancias de negociación con los propietarios de los terrenos, de apellido Jalil, donde intervinieron equipos técnicos del IPV, para la compra de esos terrenos a través de un programa de regularización de terrenos del orden nacional. Sin embargo a la hora de hablar del tema económico acerca del importe de los lotes tampoco se arribó a un acuerdo.
En el mes de noviembre del año pasado, una sentencia dictada por el Juzgado Civil Nº 4, sobre una acción de reivindicación de los propietarios de los terrenos en contra de 26 familias radicadas en los terrenos en cuestión, otorgando un plazo de 15 días hábiles para desalojar los mismos, de lo contrario se utilizaría la fuerza pública para tal fin.
Esto trajo aparejada otra cuestión, ya que la medida estaba focalizada a 26 familias de las 800 ya instaladas en el inmueble, descartando la posibilidad que la medida se extienda a todas las familias. Esto sucedió porque muchas de las familias, alrededor de 20, ya poseían los boletos de compra – venta de los terrenos otorgaos por la familia Jalil y la mayoría de ellos con la deuda ya cancelada.
Es por ello que, desde el gobierno, debió realizarse un minucioso estudio para determinar la situación de cada familia, y precisamente los que no tenían la situación dominial regularizada se solicitaron al gobernador una solución al problema.
La gente, en su momento, fue recibida por el ministerio de Gobierno y Justicia y el propio gobernador Eduardo Brizuela del Moral pidió una solución definitiva a la cuestión a favor de las familias.
A partir se allí se crea otra mesa de diálogo con los propietarios de los terrenos, mas allá que el gobierno en este tema, lo único que hacía era intermediar ya que no es parte en este proceso judicial ya que se trata de una cuestión entre privados.
Allí, mediante la firma de un acta acuerdo el gobierno se compromete a intermediar en busca de una solución y la búsqueda de un justo precio de los inmuebles es cuestión.
Nuevamente surgen las diferencias en cuanto a los montos de los lotes por lo que el Primer Mandatario tomó la decisión de expropiar los terrenos, dando cumplimiento a lo prometido a las familias de dicho núcleo habitacional.
