El informe recuerda que "las obligaciones constitucionales del Estado determinan que se debe destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población" y compara las partidas presupuestarias destinadas a obras de vivienda e infraestructura escolar con otras áreas de gobierno, "para cumplir con la satisfacción plena de estos derechos".
Si bien reconoce que la asignación de recursos responde a decisiones de gestión que privilegian algunas aéreas en detrimento de otras, "y lo esperable es que áreas como la de vivienda, salud y educación" tengan prioridad en la asignación de recursos, un análisis interanual demuestra "que esto no es así desde hace varios años".
"En cambio, se privilegian gastos superfluos, como el de publicidad oficial, lo que responde claramente a una decisión política pero no constitucional", continúa el informe.
Entre los ejemplos que cita destaca el abultado gasto en decoración navideña, aunque menciona también "una partida de $3.000.000 para la instalación de bares en parques públicos", presupuesto mayor a la de "la totalidad de las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, que suman $2.500.000".
Asimismo, menciona una partida de 35.000.000 pesos "para Barrios de Buenos Aires, que solo tienen partidas.
para Puerto Madero -$30.000.000- y las Cañitas -$5.000.000", y la compara con la totalidad de la suma "que se asigna a los trabajos presupuestados del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000".
"A partir del año 2013, podemos observar que el presupuesto asignado a obras de vivienda disminuye año a año, inversamente a lo que sucede con el monto asignado a publicidad oficial", agrega el informe en el apartado titulado "Las prioridades reales del gobierno: comparación entre los gastos de Ambiente y Espacio Público, Vivienda, Educación y Publicidad Oficial".
Según ACIJ, la comparativa entre las asignaciones presupuestarias "ilustran que en la Ciudad, el Estado cuenta con recursos disponibles, pero que decide de manera deliberada y discrecional destinarlos a fines diferentes de lo que corresponde al cumplimiento de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) que se encuentran insatisfechos".
Fuente: Télam
