En los fundamentos, Martel menciona que “el juicio a las Juntas Militares fue el primer antecedente, aunque frustrado ya que con la Ley de Punto Final y Obediencia Debida impulsada por el Presidente Raúl Alfonsín, sumado a los indultos decretados por el Presidente Carlos Menem, beneficiaron en los años 1989 y 1990 a los militares implicados”.
“En el año 2003 por Ley Nacional 25.779 se anularon las mencionadas leyes y un fallo de la Corte Suprema declaro su invalidez e inconstitucionalidad, abriéndose de esta manera una nueva e importante etapa de investigación para el esclarecimiento de los mencionados hechos”.
El Proyecto de Declaración destaca que “el objetivo de esta distinción resulta imprescindible y urgente para avanzar en el conocimiento de la verdad sobre nuestra historia y saldar una deuda con los 30.000 jóvenes desaparecidos que luchaban por sus ideales, y que fueron cruelmente avasallados por el horror y la injusticia de unos pocos inescrupulosos”.
