Este vecino también estuvo detenido en la causa caratulada como "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas" pero falleció meses atrás.
El caso de Reina se hizo visible un año después de estar presa cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento durante una visita de monitoreo rutinaria que realizó en la unidad penitenciaria 33 de Los Hornos, cercana a La Plata.
"Ella llevaba un año detenida y no comprendía porqué, ni qué estaba sucediendo, tampoco sabía sus derechos y no tenía acceso a su causa", explicó a Télam la directora de Litigio Estratégico del organismo, Margarita Jaque.
"Por su condición de ser quechua parlante, una persona migrante que hacía menos de un año había venido a la Argentina desde una comunidad originaria de la zona rural de Bolivia, planteamos la necesidad que hubiera una intérprete y por esta circunstancia hubo actos procesales que se declararon nulos".
Efectivamente, en abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes anuló la única audiencia en la que había declarado Reina y pidió que se le tomara una nueva indagatoria ante los intérpretes propuestos por la CPM.
"Todas las acciones en la causa se realizan ahora con la presencia de la intérprete", contó Jaque, quien precisó que es "un intérprete y no un traductor porque lo que se busca además de la comprensión de la lengua es que haya una comprensión cultural".
La directiva del CPM apuntó que "por cuestiones estructurales y de perspectivas la justicia bonaerense no tiene listados de intérpretes de lengua quechua ni de ninguna lengua originaria, siendo nuestro país receptor y casa de gran cantidad de personas que las hablan".
En ese sentido contó que el organismo inició acciones para modificar esto ante la Suprema Corte bonaerense "donde ya hay un expediente en tratamiento para que se establezcan intérpretes de los que pueda disponer la justicia en casos no solamente penales, sino también conflictos civiles".
"Instamos a la Corte que se apure al tratamiento de esta reglamentación", añadió y se refirió que el caso de Reina sienta un precedente para "que otras comunidades y personas que padecen una situación similar puedan defenderse legítimamente".
Fue justamente el máximo tribunal penal provincial el que ordenó que la intérprete Frida Rojas sea incorporada formalmente en el expediente, lo que permitió el avance en la causa y el desarrollo de las audiencias de hoy y mañana.
El CPM se presenta como veedor en el tribunal de Quilmes donde la defensa pedirá la absolución de Reina y donde estarán presentes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y autoridades de la embajada de Bolivia en Argentina.
"El rol de veedores implica extremar las garantías de la instancia oral y publica que cualquier persona que está ante la justicia tiene que tener", manifestó Jaque.
"Son las obligaciones del Estado, que incluye al Poder Judicial, garantizar que toda persona tenga estas condiciones en un proceso", concluyó.
Así lo establece además la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007, que en su artículo 13 establece que "deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces".
Fuente: Télam
