Como 18 millones de personas no cuentan con seguro de salud alguno en la Argentina, están obligados a abonar los fármacos al cien por ciento, sin descuento alguno, y también afrontar muchos estudios de cierta complejidad que suelen no autorizarles en los hospitales.
Además, los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en los últimos doce meses, según investigaciones de la Universidad Nacional de la Plata, realizadas sobre un total de 15.712 especialidades medicinales, lo cual agrava este cuadro de por sí complejo.
Este es el mayor incremento interanual en cuatro años y entre los fármacos más vendidos las subas superan el 20 por ciento.
El llamado "gasto de bolsillo" representa el 33 por ciento de la inversión total del país, y aumentó por el impacto de la inflación en algunos rubros y también por el aumento en prestaciones, insumos hospitalarios y aranceles de la medicina privada, que entre otros factores inciden en ese rubro.
Incluye las prestaciones no cubiertas por prepagas y obras sociales, y -fundamentalmente- la compra de medicamentos.
Los datos surgen de un trabajo elaborado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), con vistas al XII Congreso Argentino de Salud que se realizará el 10 de septiembre próximo en Ushuaia, con la participación de referentes del sistema sanitario, especialistas y autoridades nacionales y provinciales.
ACAMI, la entidad organizadora del Congreso, nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, OSDE y los hospitales Alémán, Británico e Italiano, entre otras instituciones del sistema de salud.
Así, mientras la población que cuenta con cobertura médica privada accede a importantes descuentos (entre el 40 y el 60 por ciento) en este rubro, los sectores de menos recursos -desocupados y trabajadores en negro que carecen de cobertura- deben afrontar ese gasto en su totalidad.
El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, destacó la necesidad de poner en marcha una "política de Estado que apunte a un mayor acceso de la población a los medicamentos y brinde cobertura a los sectores de menores recursos".
"En muchos casos –dijo- los pacientes dejan de asistir a la consulta médica en el hospital público, pues implica gastos de transporte, horas perdidas de trabajo y presienten que la misma terminará en una receta que, para aumentar su frustración, no podrán afrontar".
Igual, los 1.200 hospitales públicos con internación distribuidos en todo el territorio nacional reflejan un crecimiento sostenido de la demanda, que en numerosos casos llega al colapso de los servicios, como se observó desde el inicio de la pandemia de Gripe A.
Sólo para la Capital Federal, se calcula que los 33 hospitales porteños atienden más de 10 millones de consultas anuales, buena parte proveniente del conurbano bonaerense, donde la infraestructura hospitalaria atraviesa una severa crisis.
Para paliar en parte este problema, el Gobierno nacional lanzó una iniciativa como el Plan Remediar, pero los niveles de cobertura de este tipo de instrumentos tienen alcances limitados y no siempre llegan a toda la población.
Según un informe del investigador Federico Tobar, ex coordinador del Programa, el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento menos de seis, lo cual facilita la cartelización y la escasa diferencia en el precio de los productos originales y los denominados ‘genéricos’.
De hecho, la diferencia de precios entre el medicamento más caro y el más barato para cubrir una misma patología suele oscilar en apenas el 10 por ciento cuando los oferentes son menos de seis.
Si se tiene en cuenta que el gasto en salud rondará los 80 mil millones de pesos este año, los argentinos deberán destinar unos 26.400 millones de pesos de su presupuesto familiar para adquirir medicamentos y afrontar otros gastos sanitarios.
Así, el gasto directo de bolsillo, que en 2004 rondaba los 400 pesos por persona, aumentó un 275 por ciento en cinco años.
El Estado, en tanto, con menos de la cuarta parte del gasto total (24 %) debe atender a casi la mitad de la población. De los casi 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 45 por ciento es atendida por el sistema público, otro 47 por ciento por las obras sociales y el PAMI y el 8 por ciento restante por las prepagas, de acuerdo con los datos de ACAMI.
Según el trabajo, que será analizado el 10 de septiembre próximo en el Congreso de Salud, la Argentina tiene un sistema sanitario "asimétrico", donde los pobres y empleados en negro se atienden en el hospital público y deben pagar el cien por ciento por los medicamentos; los trabajadores en blanco concurren a las obras sociales y los sectores medios altos se atienden mayoritariamente en prepagas.
Fuente/ 26noticias.com.ar
