Los expertos se oponen al acuerdo que establece que nuestro país recibirá el combustible irradiado por un reactor, fabricado por una empresa rionegrina y comprado por Australia, una vez que sea puesto en marcha.
Para los hombres del derecho, la entrada al país de los desechos del reactor violaría el artículo 41 de la Constitución nacional, que prohíbe explícitamente el ingreso de residuos radioactivos. (Télam)