Este acuerdo promueve y fortalece el acceso a la justicia de aquellos asistidos que no pueden hacer frente a gastos de traslado y alojamiento cuando son citados por la Justicia, y que frente a estas circunstancias muchas veces terminan siendo declarados en rebeldía y agravando su situación procesal.
Los fondos serán provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para llevar a cabo esta tarea se creó una Unidad de Coordinación integrada por el propio Julián Álvarez; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Eduardo Picardi; la defensora Pública Oficial, María Fernanda López Puleio; y la secretaria Letrada María Fernanda Alberdi.
Fuente: Télam
