El diputado Fidel Sáenz manifestó en la sesión ordinaria del día de ayer que el Concejo Deliberante no tiene las competencias de expropiación, ya que “constitucionalmente y legalmente” solo el Poder Legislativo puede hacerlo a través de un proyecto de ley.
Pero una vez que fue aprobada la ordenanza “se recurrió por vía judicial para la toma de esos terrenos, y una jueza acredita esa situación y le da validez y una vez que la Municipalidad toma posesión de los terrenos se le traspasa este inmueble al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) quien no tuvo mejor idea que agarrar las topadoras e ir contra algunos pobres habitantes de la zona norte de la ciudad”.
Por otro lado, en esa misma sesión el diputado Juan Pablo Millán (FCS) le respondió que “no se puede livianamente hacer imputaciones a un organismo desconociendo que hay una orden emanada por una Jueza de la provincia, remarcando que “lo que se pretende es brindarle una solución a aquellos que originariamente tomaron posesión por necesidad, pero dentro de la ilegalidad”.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta gente fue estafada y no son unos cuantos son alrededor de 500 las familias perjudicadas y por lo que se puede ver no es gente que espera que se les de, sino que pagaron como corresponde para poder tener su casita.
