Y continuó: "Esto significa que no debería construir un artículo como tiene el decreto de la dictadura en el que se indique que en el caso de un delito grave cometido por un menor de 16 años entonces el juez puede ´algo´, porque entonces esto permitiría seguir gestionando discrecionalmente chicos y encerrándolos con la excusa de la medida protectiva".
Axat aseguró que "existe cierto progresismo que quiere reservarse una posibilidad de disponer de los pibes por debajo de los 16, entonces debería blanquearlo y proponer bajar la imputabilidad a los 15 ó 14 para que esos chicos puedan tener un debido proceso".
"Ahora bien -se apuró a precisar- yo creo que lo más coherente es dejar en los 16 años el límite y no perseguir punitivamente bajo ningún concepto. Y con los menores de 16 que delinquen generar medidas de protección sin privación de la libertad".
Entre las medidas que deberían ser "restitutivas de derechos", el especialista mencionó como ejemplo: "un seguimiento con acompañamiento de los padres sobre los que sí pueden recaer medidas impositivas".
"Ahora bien -detalló- si el chico no tiene a los progenitores, ni nadie que se haga cargo, entonces habrá que ponerlo bajo algún programa del Estado que tienen que tener un carácter psicopedagógico y responsabilizador porque si bien el chico no está privado de su libertad debe sentir que la ley se le interyecta".
El defensor penal juvenil afirmó que "obviamente que este planteo va a ser rechazado por gran parte de la sociedad que sigue vinculada a la demagogia punitiva y que va a considerar que es el ´viva la pepa´ de los menores por debajo de los 16".
Axat también indicó que más allá de la edad en la que se fije el límite de imputabilidad, las penas deben ser distintas a las de los adultos y "la privación de la libertad debe ser la última opción del sistema sólo para delitos graves".
"Para las otras infracciones -aseguró- deben existir sistemas alternativos de resolución de conflicto como las probation, prisiones domiciliarias, trabajos en la comunidad, seguimientos en talleres o inserción en programas multiagenciales, es decir, el Estado debe dar un panorama complejo de carácter de política criminal como respuestas al conflicto con la ley penal", dijo.
Fuente: Télam
